Santiago de Chile, 4 abr (EFE).- El concepto de «legítima defensa privilegiada», que la ONU pide reformar ya que no respeta los derechos humanos al eliminar la proporcionalidad, esquiva el necesario debate en Chile sobre la ineludible reforma de Carabineros, un cuerpo desprestigiado y sin la formación adecuada para abordar los nuevos retos de seguridad que afronta el país, advierten a EFE expertos.
El concepto, que amplía la capacidad de maniobra de la Policía en el uso del arma fuego y reduce al mismo tiempo la asunción de responsabilidades, ha sido impulsada por la oposición en el Congreso en medio del duelo y el dolor público por la muerte de dos agentes de policía en sendos procedimientos rutinarios.
El lunes, el Gobierno se retiró de la votación prevista este martes en el Senado al entender que la ley no se ajusta a esos estándares internacionales y que el debate debe ser más sosegado para llegar a un equilibrio que permita un combate más efectivo pero también garantista en la lucha contra la delincuencia.
Presente en legislaciones de países como Costa Rica, Colombia, Uruguay y España, la defensa privilegiada suscita, igualmente, divisiones dentro de la coalición de Gobierno, cuyo objetivo es incorporar indicaciones en el debate senatorial usando artículos ya existentes en el Código de Justicia Militar.
CONTRARIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Según el consultor de Amnistía Internacional (AI) estadounidense, exoficial de eliminación de artefactos explosivos y veterano de la guerra de Irak, Brian Castner, la presunción del uso legal del arma de fuego es «profundamente problemática y contraria a los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza de Naciones Unidas».
«Esos principios establecen que las fuerzas del orden deben utilizar medios no violentos tanto como sea posible y que las armas de fuego solo pueden utilizarse en circunstancias extremas, para evitar la muerte o lesiones graves. No existe la presunción de que todo uso de un arma sea, por definición, en defensa propia», explicó a EFE el especialista.
Más tajante aún, Castner señala que «no debería haber presunciones en absoluto. Cuando un agente del orden público dispara un arma de fuego, debe realizarse una investigación imparcial para determinar si el uso de la fuerza fue lícito o no, sin prejuicios».
UN DEBATE «ERRÓNEO»
El Código Penal chileno ya estipula las causales que eximen de responsabilidad a la Policía cuando usa su arma reglamentaria en el cumplimiento del deber, de la misma forma que cuando un civil se defiende frente a determinadas situaciones de riesgo.
«En Chile no necesitamos revisar legislación comparada respecto de este tema. Necesitamos regular el uso de la fuerza, si es lícita, necesaria y con qué magnitud», subraya a EFE el abogado y experto en derechos humanos y función policial chileno, Daniel Soto.
«Cuando estos tres eventos están resueltos, podemos medir el desempeño policial», recalca Soto quien se retiró del cuerpo de Carabineros con el grado de coronel.
En su opinión, el debate «es erróneo» porque «corremos el riesgo de avalar la despropocionalidad en el uso de la fuerza. No se puede partir del supuesto de que el policía lo hizo bien. Para que la policía funcione debe ser controlada», agregó.
ENTRENAMIENTO Y LEGITIMIDAD
Para Soto, el respaldo a las policías debe funcionar en la medida que exista un control adecuado a la institución y sus protocolos.
«El policía no debería sentirse amenazado con ese control o supervisión. Carabineros tiene herramientas para combatir el crimen, lo que falla es el entrenamiento y la legitimidad», insistió.
Aunque durante años aparecía como una de las instituciones con mayor aprobación ciudadana, Carabineros de Chile está manchado con uno de los casos más graves de corrupción en Chile.
Además ha sido acusada por organismos internacionales de violar los derechos humanos, en especial durante la represión de las protestas de 2019 en las que murieron una treintena de personas y cientos resultaron heridas.
«Me parece que hay falta de profesionalismo cuando se ven los controles como amenaza. Los más firmes son los que debiese poner la propia organización. Miremos el estándar internacional, establece límites y las protecciones para la policía», puntualizó Soto.
UNA REFORMA QUE NO LLEGA
Desde AI Chile son tajantes en señalar que esta ley significaría «algún tipo de impunidad cuando existan excesos».
«Esta nueva legislación no ayuda a enfrentar los problemas de seguridad que tiene Chile. Deberíamos tener una reforma profunda del sistema policial, revisar su carácter militar que no se condice con una policía democrática», dijo a EFE el director de AI Chile, Rodrigo Bustos.
«Hay que establecer normas más robustas de rendición de cuentas. Avanzar en formación de policías que sea mejor y que sea de más tiempo. Pareciera que buscara es algún tipo de impunidad en caso que se vulnere la ley o que se violen Derechos Humanos», agregó.
Sebastián Silva
