Santiago de Chile, 4 ago (EFE).- Una única vía de entrada y salida, una chimenea sin escaleras de emergencia, una grieta que llevaba tiempo abriéndose paso en la roca, unos empresarios más interesados en el «boom» de las materias primas que en la seguridad y una autoridad con poca capacidad para fiscalizar.
Este es el cóctel de negligencias que el 5 de agosto de 2010 provocó el derrumbe en la mina San José, un viejo yacimiento de oro y cobre del norte de Chile, en la desértica región de Atacama, donde 33 mineros quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra durante 69 días.
Con el mundo entero en vilo fueron sacados de las entrañas de la tierra en un rescate faraónico, que despertó el orgullo de todo un país.
«A los patronos solo les interesaba la producción. Nos controlaban por las cámaras y si nos demorábamos en sacar un camión llamaban desde Santiago para ver qué pasaba», dice a Efe el minero Jorge Galleguillos.
Frente a la boca del estrecho túnel por el que volvió a la vida, Galleguillos recuerda que la mina era conocida como el «Matadero San José» y que ya había sido cerrada en al menos dos ocasiones tras la muerte de dos trabajadores en 2004 y 2007: «La mina crujía constantemente, no paraba de avisarnos».
El accidente, del que la empresa San Esteban salió impune, marcó un punto de inflexión en los estándares de seguridad de la poderosa minería chilena, que en la última década registró unas exportaciones por valor de 42.000 millones de dólares, según la estatal Cochilco.
«La seguridad implica costes y hay muchas empresas que siguen haciendo la vista gorda, que se comprometen en papel pero no en terreno. Aún así, creo que nuestro accidente sirvió para tomar conciencia», asegura a Efe Omar Reygadas, otro superviviente.
14 MUERTES EN 2019
Chile, que aglutina el 28 % de la producción mundial de cobre, es el primer productor del mundo del metal rojo, fundamental en la transmisión de energía.
Con una producción en 2019 de 5,7 millones de toneladas, en el país operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías.
El derrumbe se produjo en pleno «superciclo de los commodities», cuando China estaba hambrienta de materias primas. Desde la consultora Plusmining explican a Efe que eso atrajo a multitud de nuevos actores y desbordó a las autoridades fiscalizadoras.
«El accidente marcó un antes y un después en materia de prevención y fiscalización. Hoy la minería es una de las actividades más seguras y esto se refleja en la sostenida disminución de la accidentabilidad», afirma por su parte a Efe el ministro chileno de Minería, Baldo Prokurica.
Las cifras no le quitan razón: en 2010 la tasa de fatalidad era de 0,12 (con 45 fallecidos), mientras que el año pasado se redujo hasta 0,03 (con 14 muertos), lo que implica una disminución del 75 % y llevó a Chile a situarse solo por encima de Australia en el ránking sobre seguridad del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).
En cuanto a la vigilancia, hace diez años el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) contaba solo con 14 supervisores y realizó cerca de 2.400 investigaciones, mientras que el año pasado había más de 60 agentes y se efectuaron 10.500 controles.
LA TAREA PENDIENTE
Si bien la gran minería chilena cuenta con unos estándares de seguridad y una tecnología de primer nivel, los expertos y los sindicatos coinciden en que el talón de aquiles sigue siendo la pequeña minería.
El último accidente fatal tuvo lugar hace apenas dos semanas, cuando dos trabajadores murieron tras producirse una explosión en un yacimiento a 400 kilómetros al norte de Santiago.
«La pequeña minería y las extracciones artesanales tienen capacidades financieras muy limitadas y el rol de las agencias estatales es clave», apuntan en Plusmining.
Para Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la solución no pasa por aumentar las fiscalizaciones sino por ratificar el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Es increíble que Chile no lo haya firmado aún. El convenio nos ayudaría a tener una política nacional sobre seguridad minera. Ahora mismo estamos expuestos a que vuelva a ocurrir lo que pasó en la San José», alerta a Efe.
La gran mayoría de los 33 mineros no han vuelto a trabajar en la minería y sobreviven gracias a una pensión estatal que ronda los 400.000 pesos, cerca de 520 dólares al cambio actual, la mitad de lo que cobraban en el yacimiento.
Claudio Yáñez, otro superviviente, cree que los empresarios de la zona no le han ofrecido trabajo formal desde entonces por miedo a que denuncie las malas condiciones laborales.
Aún así, está dispuesto a volver bajo tierra y dice que el riesgo cero es una quimera: «La mina es como la pesca, los pescadores van a la mar pero no saben si vuelven. Es el precio de desafiar a la naturaleza».
