Tegucigalpa, 8 sep (EFE).- Los empresarios de Honduras solicitaron este martes al Parlamento la aprobación de la nueva Ley Electoral a partir de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), pensando en los intereses de los hondureños.
La Ley Electoral debe ser aprobada antes del 13 de septiembre, subrayó el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, quien señaló que con la nueva Ley Electoral se debe pensar «en los mejores intereses del pueblo y no en los intereses particulares de los partidos políticos».
REGLAS CLARAS EN LAS ELECCIONES
«Para ello, las reglas deben ser claramente definidas, dando confianza a la población y asegurando la paz social», indicó el Cohep.
El empresariado del país centroamericano también reiteró su rechazo a la reelección presidencial, lo que la Constitución no permite, aunque el actual mandatario del país, Juan Orlando Hernández, lo hizo en las elecciones generales de 2017, por una interpretación del Poder Judicial, pese al rechazo de diversos sectores sociales.
La reelección de Hernández agudizó la crisis política y social derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas electorales que la ley le impedía.
En un comunicado, el Cohep señaló que, «consciente de los difíciles tiempos debido a la pandemia del COVID-19, considera que hoy, más que nunca, Honduras necesita un proceso electoral transparente y a la altura de las circunstancias, en el que se respete el estado social de derecho y se fortalezca la democracia».
Los empresarios recordaron que después de cuatro décadas de democracia, Honduras atraviesa hoy «un momento sin precedentes» y que los polémicos comicios de 2017 «produjeron un ambiente de crispación social que aún no se supera, y la desconfianza en los partidos y líderes políticos implica un gran desafío nacional».
RESPETO A LA ALTERNANCIA EN EL PODER
En su declaración, el Cohep exigió a todas las instituciones y partidos políticos que «cumplan la obligación de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución de la República».
Además, señaló que las campañas electorales se deben enmarcar en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos», también conocida como «Ley de política limpia, para impedir el uso de fondos públicos para hacer proselitismo político en las elecciones primarias y generales», que se celebrarán en 2021.
Al Consejo Nacional Electoral (CNE), los empresarios del país centroamericano le hicieron un llamamiento a actuar en base a la ley y «respetar la voluntad soberana del pueblo hondureño, ejerciendo su función como un órgano colegiado y no como representante de los partidos políticos».
«Las entregas de resultados electorales deben ser transmitidas de forma clara, oportuna y transparente», indicó el Cohep.
El sector privado advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo la paz social de los hondureños y que se continúe agudizando la división social en el país por satisfacer los intereses particulares de algunas personas que se benefician de la política.
«A ellos, desde ya, les decimos que la democracia no es negociable» y que «el pueblo merece respeto», añade la declaración del Cohep.
Honduras retornó a la democracia en 1980 con la instalación de una Asamblea Nacional Constitución, y celebró elecciones generales el 29 de noviembre de 1981, después de casi 20 años de regímenes militares, pero ese logro político no se ha traducido en bienestar para los hondureños, que ya suman 9,3 millones, de los que más del 60 por ciento son pobres.
