México, 28 mar (EFE).- Aunque suspendida judicialmente, la polémica reforma de la Ley de la Industria Eléctrica preocupa al sector agrícola mexicano, uno de los más competitivos del país, porque de entrar finalmente en vigor supondría un sustancial aumento en los costes.
«En poco tiempo vamos a ver impactos muy serios al sector, que es el que más ha crecido en los últimos años en la economía», aseguró a Efe el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.
El analista consideró que la reforma puede conllevar aumentos en el precio de la electricidad y, por tanto, haría perder al gremio «competitividad y rentabilidad».
«La ventaja es que el sector va bien en el corto plazo, pero cada día esto va a aumentar costes y el Gobierno ha retirado toda clase de estímulos», lamentó.
Según la principal patronal del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), esta reforma implicaría un aumento del coste de la electricidad del 17 %.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca «rescatar» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado, del supuesto «saqueo» de las privadas y extranjeras.
El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
REFORMA VARADA
La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo, pero tras varias medidas cautelares ante los recursos presentados por empresas perjudicadas un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.
El mandato judicial obligó a la Secretaría de Energía (Sener) a oficializar en el DOF la suspensión el 24 de marzo mientras el Poder Judicial decide de fondo sobre su constitucionalidad.
La reforma, de salir indemne de los tribunales, implicará un sobrecosto anual de 60.000 millones de pesos (casi 2.900 millones de dólares) en la electricidad, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
«El sector financiero mexicano que financió los grandes proyectos de energía en nuestro país se va a colapsar», advirtió Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de Concamin.
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso calculó que están en riesgo más de 451.000 millones de pesos (unos 21.766 millones de dólares) invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.
«Lo lastimoso son las inversiones tan cuantiosas que se han hecho y que el Gobierno no lo reconozca. Y que sea una medida que va contra todo. Más que nada es una falta de Estado de derecho; cada día hay más incertidumbre», consideró Anaya.
GOLPE A LA COMPETITIVIDAD
Según el experto, las empresas más afectadas del sector agroindustrial, el único que creció en 2020 mientras la economía mexicana se contrajo un 8,2 % por los efectos de la pandemia de covid-19, serán las que han invertido «en energías renovables que les han permitido bajar los costes».
Además, indicó, podría hacer perder posiciones a México en el ránking de exportadores de alimentos a nivel mundial, una lista en la que actualmente se encuentra en la séptima posición.
«Va a pegar mucho a las zonas de riego normal y a las de riego de pozos, donde la energía es muy importante. También para aquellos que han hecho inversiones en tecnificación de riego para hacer mejor uso del agua. Y para los que han tecnificado todo el tema de invernaderos, donde México se ha vuelto muy competitivo», precisó.
Las exportaciones agroalimentarias y agropecuarias mexicanas superaron en 2020 los 39.500 millones de dólares, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), cifras que podrían menguar en los ejercicios venideros.
«Considero que (la afectación) la vamos a ver en uno o dos años, cuando vayamos perdiendo la rentabilidad», advirtió el director del GCMA, preocupado por tener que depender cada vez más de las importaciones si el Gobierno abandona a los grandes productores de alimentos.
Anaya recordó que el sector ha «sido resiliente» a otras medidas que lo han golpeado, como el retiro de subsidios en combustibles, pero alertó que los varapalos sufridos pueden provocar que el país se aleje de la pretendida autosuficiencia alimentaria.
