Sao Paulo, 17 jul (EFE).- El Gobierno brasileño publicó este viernes un decreto que aprueba la relicitación del Aeropuerto Internacional de Viracopos, el segundo mayor de cargas de Brasil y que acumula deudas de 2.880 millones de reales (unos 540 millones de dólares).
En una nota divulgada por la Secretaría General de la Presidencia, el Gobierno afirmó que el decreto firmado por el presidente Jair Bolsonaro «pretende solucionar la crisis financiera de la terminal al permitir la selección para un nuevo contrato».
Ubicado en la ciudad de Campinas, a unos cien kilómetros de la capital del estado, el aeropuerto de Viracopos está desde 2012 bajo la administración de la concesionaria Aeropuertos Brasil, que administra su estructura y suma deudas de 2.880 millones de reales.
El nuevo decreto gubernamental incluye el aeropuerto en el Programa de Asociaciones de Inversión (PPI, en las siglas en portugués), un programa del Gobierno para incentivar inversiones privadas en proyectos públicos.
La relicitación es considerada como una devolución amigable de la concesión por parte de la empresa por no conseguir cumplir el contrato y marca un nuevo capítulo en la crisis del aeropuerto de Viracopos, la cual se intensificó en 2017.
En mayo de aquel año el consorcio que opera el aeropuerto de Viracopos solicitó acogerse a la ley de quiebras.
En enero del año pasado, el gobierno de Brasil publicó un llamamiento a las empresas interesadas a manifestarse y realizar estudios de viabilidad para la nueva licitación del aeropuerto, en caso de que la terminal no encontrara la solución para su deuda y necesitara relicitar la concesión.
En febrero de 2020, Viracopos obtuvo la aprobación del plano de recuperación judicial, que abrió el camino para que la terminal iniciase el proceso de relicitación.
El Ejecutivo brasileño aprobó en junio las condiciones del proyecto para la relicitación y ahora, con este nuevo decreto, el Ministerio de Infraestructura tiene un plazo de 90 días para someter a evaluación al consejo del PPI sobre la «posibilidad de transferir las deudas adquiridas por el concesionario actual junto con los financieros para el nuevo concesionario».
La propuesta de relicitación en Brasil fue presentada en 2017 bajo el gobierno del ex presidente Michel Temer, pero solo salió del papel el año pasado, ya con el actual gobierno de Jair Bolsonaro.
