La Paz, 17 feb (EFE).- El Gobierno de Bolivia ratificó este miércoles la vigencia de la política gubernamental que fija una banda de precios para la venta de harina de soya en el mercado interno que ha sido rechazada por los agricultores de Santa Cruz, la mayor región y la más próspera del país.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, justificó que esta política se da en resguardo de la seguridad y soberanía alimentaria.
«Como Gobierno, siempre vamos a cuidar la economía del pueblo boliviano para que todos podamos acceder a nuestros alimentos a precio justo», sostuvo Huanca, citado en una nota de prensa de su despacho.
Según el ministro, el Gobierno de Luis Arce anuló el decreto emitido durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez que liberaba las ventas agroindustriales al exterior a pedido del sector pecuario nacional, debido a que los subproductos de soya estaban siendo comercializados a un coste superior al precio FOB de exportación.
«Ratificamos la aplicación de la banda de precios para los subproductos de la soya y afirmamos que esta banda de precios no puede ser utilizada como argumento por la industria para negociar el precio de la compra de grano de soya a los productores primarios», señaló.
También exigió a los agroindustriales cumplir con los convenios de abastecimiento interno al sector pecuario para garantizar la provisión de productos como la carne, pollo y huevos en el mercado interno.
La autoridad aseguró que la referencia para la banda de precios es el coste histórico pasado de seis meses de compra de grano.
Por ello, si la industria compra a buenos precios el grano al productor primario, la banda de precios del próximo semestre será directamente proporcional, según el comunicado.
Centenares de pequeños y medianos productores cruceños protagonizaron el pasado viernes un «tractorazo», por el que sacaron su maquinaria agrícola a las carreteras contra la banda de precios fijada por el Ejecutivo nacional.
Los productores consideran que ese sistema distorsiona el proceso de negociación entre los agricultores y las industrias, porque es el principal argumento que utilizan las segundas para pagar menos por el grano de soya y se genera una especie de «subsidio» que deben cubrir los agricultores.
El Gobierno de Arce anuló en diciembre una serie de decretos económicos aprobados durante la gestión transitoria de Áñez al considerar que aquellas medidas «favorecían a grupos de poder» y «no estaban bien fundamentadas».
Una de las normas anuladas fue el decreto que liberaba las ventas agroindustriales al exterior al dejar sin efecto un certificado de abastecimiento interno y precio justo creado en el Gobierno del expresidente Evo Morales y que se exigía a los empresarios para exportar.
