Santiago de Chile, 7 mayo (EFE).- El gobierno de Chile anunció querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra los responsables del paro de camiones, en una zona del sur del país, que mantiene bloqueadas las principales carreteras después del incumplimiento del acuerdo para deponer la movilización alcanzado el jueves pasado por parte de algunos transportistas.
La decisión del Ejecutivo, comunicada la pasada noche, se dio luego de que el primer mandatario, Gabriel Boric, diera las primeras señales de que se estaba acabado el tiempo: «Yo espero que mediante el diálogo lleguemos a acuerdo, sino el gobierno tendrá que proceder como corresponde», señaló el jefe de Estado desde la región de Magallanes, en el extremo austral del país.
Desde el palacio de La Moneda en Santiago, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, aseguró que utilizaran «todos los instrumentos que el Estado de derecho» le otorgan al gobierno para garantizar el despeje de las carreteras.
«Todo tiene un límite y ese límite ya llegó (…) Exigimos la liberación de las rutas y permitir el libre tránsito. Junto con ello, retiramos las propuestas con las cuales habíamos trabajado y planteado a los camioneros», señaló la ministra.
«Nuestro Gobierno siempre ha estado disponible al diálogo. Desde el inicio de las movilizaciones de los camioneros hemos trabajado por responder cada una de las demandas que nos han planteado, pero todo tiene un límite», agregó.
Pese al despliegue en la zona del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien se llego a un acuerdo de seis puntos, un grupo de camioneros forestales que exige un estado de excepción -militarización- por a violencia en la se descolgó de las conversaciones y mantuvo el bloqueo de caminos, según informaron medios locales.
Desde el sector de camioneros que se desmovilizó tras el acuerdo, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, hablo de un «boicot» por parte de grupos movilizados.
«Vamos a insistir en el tema de la seguridad para nuestros trabajadores -comprometió- hemos ganado recursos de protección tanto en La Araucanía como en el Biobío, que obligan al Gobierno a sentarse a conversar con nosotros, y vamos a empezar a levantar los problemas desde esas reuniones», señaló Muñoz.
«A pesar de todo, todavía tenemos herramientas, y vamos a conversar con el Gobierno; vamos a ponernos a disposición de ellos para ir buscando soluciones para que la seguridad finalmente llegue al bosque», agregó.
“Algunos dirigentes, principalmente de federaciones de choferes de camiones, borraron con el codo lo qaue habían firmado con la mano”, declaró en tanto el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), José Hidalgo.
«Si pretende intimidarnos por algo que es justo y correcto, creo que la ministra (del Interior) está mal enfocada en su percepción de que los camioneros vamos a intimidarnos con ese tipo de cosas», afirmó por su parte el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Biobío, Freddy Martínez, uno de los camioneros que aún sostiene el corte de la Ruta 5 Sur.
La principal solicitud del grupo que mantiene las movilizaciones es retomar la militarización de la zona a través de un estado de excepción constitucional, incorporando a las Fuerzas Armadas a trabajos de seguridad.
En dicha zona y otras regiones del sur de Chile existe hace décadas el llamado «conflicto mapuche», que enfrenta a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama las tierras que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales de poderosos grupos económicos.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas.
