Santiago de Chile, 20 oct (EFE).- La ministra de Exteriores chilena, Antonia Urrejola, concretó este jueves que el Gobierno se dio como plazo «hasta fin de año» para negociar los acuerdos laterales -las llamadas side letters- del Acuerdo Transpacífico, conocido como TPP11, antes de ratificar el texto y permitir su promulgación y entrada en vigor.
“Estamos poniendo toda la prioridad y la urgencia para lograr el máximo de side letters posibles (con los otros 10 países miembros del tratado), pero también he conversado esta semana con el presidente y nos hemos dado un plazo hasta fin de año”, informó la canciller a la prensa local.
Ante los señalamientos de algunos parlamentarios de que se trata de una fórmula para dilatar la entrada en vigor del texto por parte del Ejecutivo, Urrejola respondió que el plazo acordado «es precisamente porque hay ciertos resquemores de que esta sería una estrategia para demorar la promulgación del tratado, y ese no es el objetivo”, agregó Urrejola.
Este miércoles el presidente chileno, Gabriel Boric, insistió que «respetará la voluntad expresada en el Congreso», que la semana pasada aprobó el acuerdo.
«Respetamos la voluntad expresada en el Congreso. Más allá de que yo voté en contra (cuando era diputado) y tuvimos reparos, la conversación se ha actualizado, el escenario ha cambiado», reconoció el mandatario en un foro de agricultores.
Considerado el tercer acuerdo comercial más grande del mundo, el TPP11 busca eliminar o reducir barreras arancelarias en 11 países miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba Estados Unidos hasta que el expresidente Donald Trump anunció su retirada al poco de tomar posesión en 2017.
Quienes lo defienden resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 «líneas arancelarias» (subproductos) y que generará ingresos anuales para Chile de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado atenta contra la soberanía económica de los países y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales.
La discusión en Chile estuvo cargada de polémica y una de las coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad, con la que Boric ganó las elecciones, está en contra del tratado, precisamente por el mecanismo de resolución de conflictos, del cual que el Gobierno está negociando eximirse antes de promulgar el acuerdo.
Este mismo miércoles, diputados del oficialismo e independientes impulsaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para “invalidar” el proceso de tramitación del tratado internacional en el Congreso.
En caso de que el TC validara el requerimiento, el proceso de aprobación del TPP11 en el Parlamento quedaría anulado. El Ejecutivo ha puesto en duda que los parlamentarios estén dentro del plazo que establece el Alto Tribunal para presentar un requerimiento.
