Ciudad de Panamá, 3 oct (EFE).- El Gobierno de Panamá ha decidido este martes retirar del Parlamento el polémico proyecto de contrato minero con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) que explota cobre para hacerle «ajustes», después de que el Legislativo suspendiera el debate en medio de una ola de manifestaciones contra el acuerdo.
El Ejecutivo de Laurentino Cortizo informó en un comunicado que se «autorizó al ministro de Comercio e Industrias para solicitar a la Asamblea Nacional el retiro del proyecto de ley 1043, que aprueba el contrato de concesión minera (…) para hacer los ajustes requeridos y señalados por la Comisión de Comercio del Órgano Legislativo».
«En los próximos días el Ejecutivo trabajará conjuntamente con la empresa Minera Panamá» subsidiaria de First Quantum y que opera Cobre Panamá, la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, «para acordar las redacciones que resuelvan los puntos indicados por» el Parlamento.
Entre esos puntos recomendados se encuentran el régimen de expropiaciones y la prohibición de sobrevuelos en la concesión establecida en el proyecto.
El pasado 28 de septiembre el Parlamento panameño pidió al Ejecutivo retirar el proyecto de contrato ley tras suspender el primero de los tres debates obligatorios que debían surtirse para aprobarlo o rechazarlo.
Esto ocurrió mientras sindicatos, ambientalistas, universitarios y sociedad civil mantienen protestas públicas desde que el proyecto de contrato ley llegó al Parlamento el pasado agosto, llegando a haber enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que ha lanzado gas lacrimógeno.
Este martes, miembros del poderoso sindicato de la construcción Suntracs han cerrado algunos puntos de las principales carreteras de Panamá en rechazo a ese polémico contrato. Y el lunes centenares de personas marcharon por la Ciudad de Panamá para exigir que se convoque un referéndum.
En marzo pasado, el Gobierno y Minera Panamá alcanzaron, tras más de un año de arduas negociaciones, un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de la mina, que entre otros establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación.
Las autoridades y la empresa minera entablaron las negociaciones años después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara en 2017 inconstitucional la ley de 1997, que avalaba la concesión para la explotación esa gran mina de cobre.
El Gobierno sometió a una consulta pública no vinculante el contrato minero, que defiende como justo para ambas partes, mientras que sectores ambientalistas lo han tildado de «herida de muerte» para el país.
La mina comenzó a exportar cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según el Gobierno y la empresa, además de 5.279 trabajadores directos y cerca de 40.000 indirectos.
