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22 de noviembre de 2024

El Gobierno mexicano defiende su reforma eléctrica y descarta expropiaciones

Ciudad de México, 11 oct (EFE).- En un firme alegato, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este lunes su propuesta de reforma constitucional para blindar el sector eléctrico público y evitar que las empresas privadas «se apoderen del mercado», si bien garantizó que no se va a «expropiar» nada.

«Hablan de que les vamos a expropiar. Se les deja el 46 % del mercado y el 54 % para la Comisión Federal de Electricidad (CFE, empresa pública). Si quieren hacer negocios, allí está», esgrimió el presidente en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

A su vez, advirtió a las empresas privadas nacionales y extranjeras que sus negocios en el sector eléctrico deberán tener «ganancias razonables». «A robar, a otro lado», advirtió.

Desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla encallaron en algunos tribunales.

Por eso, envió a finales de septiembre al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) domine el mercado de generación en el país, lo que ha generado la oposición frontal de las patronales.

López Obrador respondió este lunes que los que se oponen «son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México» durante el Gobierno anterior.

«Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo en España, que las tarifas de la luz están por las nubes», alertó el presidente, quien opinó que los políticos españoles parecen «empleados» de dichas compañías.

MAYOR PESO DE LA CFE

Según el Gobierno, actualmente la CFE genera el 38 % de la energía y el sector privado el 62 %, algo que se quiere revertir para que al menos el 54 % sea del sector público.

«Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación», dijo en la rueda de prensa la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

La funcionaria aseguró que los privados seguirán en el mercado y que «no se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca».

La CFE es el único distribuidor de electricidad a los usuarios mexicanos, por lo que las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.

Nahle criticó que ahora la CFE está obligada a comprar primero la electricidad de las empresas privadas, porque «se ponen de acuerdo» para ofertarla más barata, dejando las plantas públicas «subutilizadas».

«La CFE sostiene prácticamente a los privados y les ha dejado el mercado», condenó.

También reivindicó la supresión de los organismos autónomos que regulan el mercado eléctrico, función que sería absorbida por el Gobierno.

Y el fin de los permisos de autoabastecimiento para que las fábricas generen su propia electricidad, ya que según Nahle las empresas lo usaron para vender esta electricidad y generar un mercado ilegal.

AMENAZA AL MEDIOAMBIENTE

Tanto empresas como ambientalistas han advertido que la reforma de López Obrador pone en riesgo las energías limpias porque no considera las renovables como prioritarias.

El sistema actual coloca primero en la red la electricidad de plantas eólicas y solares, por ser menos costosas, las cuales pertenecen a empresas privadas.

Pero la secretaria de Energía dijo que las plantas hidroeléctricas de la CFE generan la energía más «limpia, constante y barata».

Por ello, el nuevo modelo priorizará la hidroeléctrica, seguido de la nuclear, la geotermia, el gas de la CFE, la térmica, la eólica, la solar, el gas de los privados y el carbón.

Algunos expertos han advertido que lejos de controlar el precio de la luz, este nuevo modelo dispararía las tarifas ya que las plantas de la empresa pública son más viejas e ineficientes.

La reforma también propone cancelar los Certificados de Energías Limpias, que se entregan a las empresas privadas por generación de energía eólica o solar y que obligan a la CFE a comprarlos.

No obstante, Nahle aseguró que México cumplirá sus «compromisos internacionales» en materia de medioambiente y que la CFE garantizará que en 2024 el 35 % de la energía sea limpia.

La reforma, que todavía no tiene fecha para ser debatida en el Congreso ni cuenta por ahora con los apoyos necesarios en el Legislativo para tirar adelante, incluyó por sorpresa la nacionalización del litio.

La secretaria de Energía explicó que «no se otorgarán concesiones» de explotación de este mineral, usado para baterías portátiles, aunque aseguró que las entregadas por Gobiernos anteriores no se cancelarán si están «debidamente avaladas».

El Gobierno de México recibió asesoramiento de Bolivia para diseñar su política sobre el litio.

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