Lima, 29 abr (EFE).- El Gobierno peruano convocó este viernes a dos comunidades que protestan contra la mina Las Bambas y a la empresa cuprífera que la explota a una mesa de diálogo para el próximo 7 de mayo en busca de una solución a los reclamos de los nativos, que denuncian que la compañía ha incumplido sus compromisos.
La Presidencia del Consejo de Ministros informó, a través de un comunicado, que convoca a la comunidad de Fuerabamba y de Huancuire, así como a la minera Las Bambas, para llevar a cabo la mesa de diálogo el sábado 7 de mayo a las 11.00 hora local (16.00 GMT).
El Ejecutivo dejó a las comunidades elegir el lugar donde se reunirá la mesa de diálogo, sea en Lima o en Tambobamba, en la surandina región de Apurímac.
«Una vez logrado el diálogo e instaurada la paz y tranquilidad, se fijará la fecha para la realización de un consejo de ministros descentralizado en la provincia de Cotabambas», en la cual se ubican las comunidades y el yacimiento minero operado por la empresa china MMG, agregó el Gobierno.
IRREGULARIDADES EN DESALOJO
Este viernes, la comunidad campesina de Huancuire denunció el «uso irregular» de la fuerza pública durante el desalojo de manifestantes que ocuparon terrenos de Las Bambas hecho por la Policía Nacional el pasado miércoles.
«Hay un uso irregular de la fuerza pública, se está utilizando personal civil que está siendo dotado con equipamiento policial y esa cuestión está haciendo desde el punto de vista de la conflictividad social que escale a un nivel de crisis», declaró a Efe el asesor legal de la comunidad campesina, Alexander Anglas Quiroz.
Los pobladores de ambas comunidades ingresaron en terrenos de Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, el pasado 14 de abril como protesta de supuestos compromisos incumplidos por la minera desde 2014, cuando vendieron sus tierras a la empresa.
La ocupación de los terrenos de la mina provocó que la empresa suspenda sus operaciones y el Gobierno peruano declaró el último miércoles el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, región Apurímac, por 30 días para que la Policía Nacional asuma el control de la zona con apoyo de las Fuerzas Armadas.
A pesar de ello, el Gobierno peruano negó el jueves haber intervenido en el desalojo y afirmó que la Policía Nacional actuó directamente «en el marco de la ejecución de una ‘defensa posesoria extrajudicial’ tramitada por la empresa» y que se encuentra «regulada en Código Civil».
Por su parte, Anglas Quiroz dijo que han «podido constatar el uso de armas de fuego de largo alcance contra comuneros y de bombas lacrimógenas vencidas».
«Han estado utilizando personal civil equipado con implementos policiales, armas, escudos, chalecos antibalas, eso es totalmente irregular, abiertamente irregular y contradice todo el marco normativo que ordena el actuar de la PNP», denunció.
PERMANENTE TENSIÓN
La comunidad de Huancuire se opuso el pasado marzo a un nuevo proyecto de extracción de MMG en terrenos de la zona de Challcobamba, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en un territorio adquirido por la minera en 2013.
En el desalojo del miércoles, según transmitieron medios locales, los agentes usaron gas lacrimógeno para dispersar a los comuneros, quienes respondieron con piedras, lo que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 14 civiles y 4 efectivos policiales heridos, pero ningún detenido.
Estas cifras contrastan con las ofrecidas por la Policía Nacional, que informó de cuatro heridos y once detenidos.
