Lima, 21 sep (EFE).- El Gobierno peruano anunció este miércoles su compromiso de retomar el proceso de consulta previa con las comunidades campesinas aledañas a la mina Antapaccay, de la multinacional Glencore, sobre un proyecto de expansión de este yacimiento de cobre en la región del Cuzco.
El Ejecutivo detalló a través de un comunicado los acuerdos asumidos en una reunión que sostuvo el martes una delegación del Gobierno con los presidentes de once comunidades originarias de Espinar, que la semana pasada bloquearon un tramo del llamado «corredor minero» para exigir una mesa de diálogo sobre el proceso de consulta previa en la zona.
El encuentro se saldó con la suscripción de un acta en el que las partes acordaron que el Ministerio de Energía y Minas llevará a cabo un proceso de consulta, que considera reuniones de diálogo intercultural para tratar temas vinculados a la educación, el territorio y el desarrollo sostenible.
Asimismo, se acordó que la Presidencia del Consejo de Ministros elaborará un plan de actividades y proyectos, en coordinación con cada una de las comunidades, en un plazo de tres meses, así como un plan de reparación que identifique y evalúe los daños que denuncian los pueblos de la zona.
Durante la reunión, el primer ministro, Aníbal Torres, enfatizó que el proceso de consulta procura «atender los pedidos de las comunidades originarias de Espinar y coordinar la participación de los sectores del Estado a fin de brindar una respuesta adecuada que garantice el desarrollo integral de esta parte del país».
«El Estado peruano promueve y respalda plenamente los procesos de consulta previa, como expresión de respeto a los derechos de las comunidades originarias a participar en el diseño de actividades económicas que involucren a sus tierras y sus comunidades», insistió.
Las comunidades aledañas a la mina Antapaccay iniciaron la semana pasada una nueva medida de fuerza para protestar ante el proceso de consulta previa sobre al proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco.
En su opinión, este se estaba realizando como «un mero acto administrativo», sin garantizar los derechos de las comunidades, ni el marco normativo y lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Los manifestantes exigían, por ese motivo, que se respete su derecho a la consulta previa, que se apruebe un plan de reparaciones por los presuntos daños causados en sus territorios y que se garantice el desarrollo sostenible de las comunidades.
Por su parte, Glencore aseguró que la gestión de esta empresa «se da en estricto cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y (protección del) medioambiente», y que respeta su «firme compromiso con las comunidades locales y la sostenibilidad» en las zonas de influencia.
La mina Antapaccay se encuentra en la provincia de Espinar, a unos 1.300 kilómetros de Lima y a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde produce concentrado de cobre que es transportado casi 400 kilómetros por el corredor minero hasta el puerto de Matarani, en la región de Arequipa.
