Sao Paulo, 30 mar (EFE).- Cracolandia, el mayor mercado de drogas a cielo abierto de Brasil, se ha mudado después de 30 años. Tras varios operativos policiales, los traficantes se trasladaron a otros puntos de Sao Paulo, arrastrando con ellos a decenas de drogodependientes, hoy dispersos en medio de la pobreza más cruda.
La Plaza Princesa Isabel, en el centro histórico de la capital paulista, se ha convertido en un campamento de tiendas de plástico y pedazos de tela, que ya había recibido, durante la pandemia de covid-19, a familias sin techo y ahora a parte de la población de Cracolandia.
La vida dentro de esta plaza, en cuyo centro se erige una imponente estatua ecuestre de Duque de Caxias, patrón del Ejército, es tan intensa como dramática. Hay gente tirada sobre colchones, haciendo hogueras o rebuscando entre la basura. También drogándose.
En los alrededores agentes de la Policía Militar observan con atención, mientras que funcionarios de la Alcaldía merodean en busca de informaciones.
En un extremo, el trapicheo de crack se observa a simple vista. Sospechosos vendiendo a plena luz del día, víctimas consumiendo con la mirada perdida. En el otro, las filas del hambre se abren paso con personas que se quedaron sin nada por la pandemia y ahora dependen de donaciones para llevarse algo a la boca.
¿EL FIN DE LA CRACOLANDIA?
A pocas calles de distancia de la plaza estaba la región popularmente conocida como Cracolandia, que ha operado como el mercado de drogas al aire libre más grande de Brasil desde los 90.
De media recibía unas 500 personas al día, según estimaciones oficiales, aunque organizaciones sociales elevan esa cifra hasta las 800, cantidad que llegaba a duplicarse por las noches.
Ocupaba un conjunto de viviendas de estilo colonial que se usaban como hospederías clandestinas para el tráfico y el consumo de drogas, hasta el fin de semana pasado.
Ahora esta zona está diáfana, desierta. La entrada y las ventanas de los inmuebles, pintarrajeados con firmas y mensajes de grafiteros, están tapiados con adoquines de obra grises.
«Entre la noche del viernes y el sábado pasado, el ‘flujo’ (de personas) resolvió irse por cuenta propia. En parte, nos sorprendió», relata a Efe un agente de la Guardia Civil Metropolitana (GCM) de Sao Paulo que prefiere mantenerse bajo anonimato y trabaja en la región desde hace casi 20 años.
Según las autoridades, la decisión partió del núcleo duro del crimen organizado de la región, presionado por los últimos operativos, que resultaron en la detención de «92 traficantes» y el decomiso de una «gran cantidad de drogas».
Alrededor de 250 drogodependientes que estaban allí sobreviven ahora en la Plaza Princesa Isabel; el resto se ha asentado en otros puntos públicos cercanos.
«La orden que tenemos es no dejarles volver aquí», apunta el agente de la GCM.
La decisión parece definitiva, a diferencia de otras veces en las que también hubo éxodos similares, fruto entonces de brutales acciones policiales.
RETOS: VIVIENDA, EMPLEO Y CUIDADOS
Aunque para Raphael Escobar, de «Craco Resiste», movimiento que defiende los derechos humanos de las personas de Cracolandia, el problema está lejos de resolverse, solo «ha cambiado de dirección».
Señala que el vaciamiento no ha sido «de un día para otro» y que se debe también a la desactivación de algunos servicios sociales de la Alcaldía.
«Cracolandia la forman el grupo de personas y, para mí, el grupo todavía existe», subraya Escobar, quien considera que para resolver el problema sería necesario un plan que combine «vivienda, empleo y cuidados psicológicos».
Sin embargo, otro agente de la GCM adelantó a Efe que ya están estudiando medidas para hacer frente a la corriente de drogodependientes que se ha asentado en Princesa Isabel.
De hecho, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, candidato para las presidenciales de octubre, dijo este martes que ya ha orientado a los mandos policiales a retirar el campamento de la plaza y cohibir el tráfico.
Una declaración que enciende una «alerta roja», en opinión de la socióloga Nathália Oliveira, de la Plataforma Brasileña de Política de Drogas (PBPD) y quien afirma que la desocupación de espacios públicos sin negociación «tiende a generar conflictos muy violentos».
Ella también aboga por zonas de consumo reguladas, como en otros países, que den «cuidados y dignidad», lo que no ocurría en Cracolandia.
Mientas, los vecinos de la zona evitan comentar el asunto. Un portero de uno de los edificios de la plaza asegura a Efe haberse acostumbrado al «ajetreo» de los nuevos inquilinos.
«Nosotros les respetamos y ellos nos respetan», dice zanjando la conversación.
Carlos Meneses