Tegucigalpa, 12 may (EFE).- El Parlamento de Honduras aprobó este jueves una nueva Ley Especial de Energía Eléctrica enviada por el Ejecutivo que permitirá al país «renegociar» los contratos con generadores privados, y garantizar que el servicio sea un bien público y un derecho humano.
La nueva normativa, que contiene 21 artículos, fue aprobada en la madrugada de hoy en el segundo de tres debates en una sesión del Parlamento hondureño en la que participó el gerente de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Erick Tejada.
El poder Legislativo no precisó cuántos de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional votaron a favor de la iniciativa enviada por la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
“Este decreto fue público y ampliamente conocido por todo el sector eléctrico a nivel de país”, dijo el titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, tras la aprobación de la normativa.
La nueva Ley Especial de Energía busca reducir pérdidas, revisar y renegociar contratos energéticos, inversiones públicas, declaración de emergencia y reestructuración organizativa de la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en 2014.
La normativa también pretende que el país tenga un servicio de energía eléctrica «con precios justos» y resolver la crisis de la estatal eléctrica, que tiene una deuda acumulada de 75.600 millones de lempiras (3.102 millones de dólares).
El gerente de la Enee dijo que la aprobación de la nueva ley «era impostergable» y afirmó que la anterior Ley General de la Industria Eléctrica escondía un “fin perverso” de desmembrar la estatal eléctrica en tres partes y privatizarlos.
Detalló que el índice de cobertura eléctrica de Honduras es de 85,13 %, el más bajo de Centroamérica, y comentó que 300.000 personas en el país no tienen acceso a electricidad.
El alto funcionario señaló, además, que la deuda de la Enee representa el 10 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras.
El Gobierno hondureño mantiene desde la semana pasada reuniones con los generadores privados de energía, con el fin de «renegociar» los contratos que tienen con la estatal eléctrica, y ha advertido que, si no reducen la tarifa, el Estado podría asumir el control de sus plantas tras el pago de «un justiprecio» de las mismas.
Honduras tiene una demanda de alrededor de 1.700 megavatios, de los que más del 60 % son generados por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo, lo que representa para el país centroamericano una factura muy alta.
