Medellín (Colombia), 13 mar (EFE).- El paro de mineros en los departamentos colombianos de Antioquia y Córdoba (noroeste) que completa 12 días de alteraciones al orden público, bloqueos, ataques a misiones médicas y otros hechos violentos alimentados por la banda criminal del Clan del Golfo se ha convertido en un desafío para el Estado colombiano.
El «falso paro minero», como lo calificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no solo tiene confinadas a más de 250.000 personas de 16 municipios del noroeste colombiano con escasez de alimentos y desabastecimiento de otros productos, incluso de gas, sino que sumió en el caos a las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste.
Los mineros protestan desde el 2 de marzo contra las operaciones del Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la zona pero, según las autoridades, detrás de esa movilización está el Clan del Golfo, que se lucra de la explotación de minerales en distintas partes del país.
En esas zonas se han producido en los últimos días ataques a poblaciones y a la fuerza pública, disparos y detonaciones y la quema de tres máquinas de una obra vial y varios camiones, entre otros actos de vandalismo.
ZOZOBRA EN LA POBLACIÓN
«Estamos en una situación de absoluta zozobra. No habíamos tenido antes un paro minero que durara tantos días ni que tuviera a la población tan atemorizada y sin salida», dijo por teléfono a EFE una comerciante del municipio de Tarazá, donde en la noche del domingo encapuchados prendieron fuego a un peaje.
La mujer, que prefiere mantener su nombre en reserva, aseguró que para la población el tema de seguridad en esta zona es «complicado» y no se atreven a abrir sus negocios, pese a que hay «fuerza pública en todas las esquinas», porque al mismo tiempo reciben «amenazas» constantemente.
«Por más custodiados que estemos, no vamos a abrir porque luego nos tenemos que atener a las consecuencias», afirmó la comerciante.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló hoy en su cuenta de Twitter que el Clan del Golfo está «contra el pueblo humilde» luego de dejar sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos que abastecían a esa población.
«Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego», aseguró el presidente sobre los acercamientos que había tenido el Gobierno con ese grupo armado como parte de su política de «paz total».
DIÁLOGO VS. VIOLENCIA
Pese a los intentos de diálogo del Gobierno con los mineros, el fin de semana fueron quemadas dos ambulancias luego de que se suspendieran las negociaciones.
En el municipio de Caucasia, el alcalde Jefferson Sarmiento aseguró a medios locales que el paro minero se ha «salido de control» o «de contexto», porque además de atentar contra la misión médica, hay bloqueos y vandalización contra los bienes públicos, y restablecer el control «ha sido difícil», ya que los «vándalos están atentando contra las comunidades».
Los disturbios en varias poblaciones de Antioquia llevaron al gobernador a decretar el pasado viernes el toque de queda, lo que provocó hostigamientos a las autoridades en Cáceres y Tarazá, también como respuesta a la orden de desbloqueo de los puntos afectados para recuperar el control de las carreteras.
«Seguimos, con preocupación, la situación en el Bajo Cauca. Repudiamos los gravísimos hechos violentos en la zona», manifestó por su parte el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
En su opinión, «hace bien el Gobierno en enfrentar la minería ilegal que financia al Clan del Golfo» y añade que «hacerlo de forma eficaz requiere una política sólida de seguridad».
