San José, 5 oct (EFE).- Manifestantes mantienen este lunes bloqueos en unos 45 puntos de carretera en Costa Rica como protesta contra un eventual acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, pese a que el presidente Carlos Alvarado anunció el retiro de esa iniciativa e hizo un llamado a un diálogo nacional.
Según los datos brindados por el Gobierno, este lunes participan unas 2.000 personas en los 45 bloqueos que se ubican principalmente en zonas rurales del norte, el sur y el Caribe del país, y no se han registrado hechos de violencia en las últimas horas.
En la capital un grupo de manifestantes protestó frente al Ministerio de Hacienda y otro realizó una caravana de vehículos por las principales calles de la ciudad.
LAS PROTESTAS CONTINUARÁN
El llamado «Movimiento Rescate Nacional», que convocó originalmente las protestas, envió una carta al presidente Alvarado a través del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, con sus condiciones para abrir una mesa de diálogo y cuyo contenido los dirigentes no quisieron revelar a la prensa.
Lo que sí ha anunciado este movimiento es que las protestas, que hoy cumplen seis días, seguirán hasta que Alvarado firme un documento en el que se comprometa a no acudir nunca al FMI.
«Debemos prepararnos porque la lucha continúa. Costa Rica nos pertenece a todos, la lucha nuestra es por la gente pobre. Somos un movimiento de paz que pretende reivindicar derechos», declaró este lunes el exdiputado y excandidato presidencial José Miguel Corrales, uno de los líderes del Movimiento Rescate Nacional.
El domingo el presidente Carlos Alvarado emitió una cadena nacional de televisión en la que anunció el retiro de la propuesta de negociar con el FMI e hizo un llamado a diversos sectores a un diálogo nacional para buscar soluciones a los problemas económicos.
La propuesta fue presentada por Alvarado a la opinión pública el pasado 17 de septiembre con el fin de abrir una discusión interna antes de entregarla al FMI.
Sin embargo, la oposición política, sindicatos y empresarios rechazaron de inmediato la iniciativa, pues estaba basada en su mayoría en un aumento de impuestos, menos de dos años después de la aprobación de una polémica reforma tributaria que en 2018 causó una extensa huelga sindical.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, insistió este lunes en la necesidad de abrir el diálogo y de que los manifestantes levanten los bloqueos que afectan el turismo, la producción, el comercio y la movilización de la gente en momentos en que el país trata de reactivar su economía en medio de la pandemia de la COVID-19.
“Ha existido voluntad del diálogo. No se justifica la afectación a terceros, sobre todo a aquellos pequeños empresarios, agricultores y a la ciudadanía en general que están trabajando para reactivar la economía”, dijo.
A las protestas se han unido otros grupos sociales y sindicales que exigen al Gobierno detener iniciativas de recorte de gasto relacionadas con el empleo público y que han anunciado para el martes una manifestación en la capital.
El secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, tildó al presidente Alvarado de «estafador político» y afirmó que por ello es necesario que firme un documento en el que exprese su renuncia definitiva a acudir al FMI.
Según este dirigente, Costa Rica no necesita buscar fondos, pues los puede tomar de las reservas internacionales del Banco Central, que suman unos 8.000 millones de dólares.
UNA PROPUESTA INVIABLE
La propuesta de negociación con el FMI se tornó inviable desde un inicio, cuando varios partidos políticos expresaron su rechazo, pero no fue hasta el domingo, luego de comunicados oficiales de las principales bancadas del Congreso y tras 5 días de bloqueos de carreteras, que el presidente Alvarado desistió.
El 80 % de la propuesta para acceder a los fondos del FMI estaba basada en impuestos. Creaba un impuesto a las transacciones bancarias y la renta global y, además, aumentaba el de la renta y el de los bienes inmuebles.
El restante 20 % correspondía a recortes del gasto público mediante la fusión de instituciones y la venta de dos activos: la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica.
Esta iniciativa apareció menos de dos años después de que el Congreso aprobara una polémica reforma tributaria y en momentos en que la economía del país se ha deteriorado aún más debido a la pandemia.
Las proyecciones oficiales indican que este país cerrará el 2020 con un déficit fiscal del 9 % del producto interno bruto (PIB), una deuda acumulada del 70 % del PIB y una caída del 5 % de su economía.
