Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró este sábado su llamado para buscar un acuerdo que permita sacar adelante la reforma tributaria, iniciativa que plantea reestructurar el impuesto a la renta, entre otras medidas, y que fue rechazada por el Congreso el pasado miércoles infringiendo un duro golpe político al Gobierno.
“Lo digo de nuevo, necesitamos distribuir de mejor manera los recursos en nuestro país y para eso necesitábamos una reforma tributaria (…) Estamos disponibles a conversar, extendemos las manos para eso, pero necesitamos mayor disposición”, afirmó el mandatario a la salida del consejo de gabinete que encabezó esta mañana, el primero desde el segundo ajuste ministerial de su Administración que se concretó ayer.
“Que la gente entienda que para poder financiar derechos sociales se requiere de distribuir de mejor manera los recursos, cuidar las pequeñas y medianas empresas, y en eso estamos”, agregó.
Según explicó el jefe de Estado chileno, «lo primero, es financiar la reforma de pensiones, sin reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando”.
“Hay gente que está muriendo, que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolas esperar”, enfatizó.
Con el resultado del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, el proyecto terminó su tramitación y el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de un año en el mismo organismo, aunque puede insistir en avanzar a través del Senado, donde tampoco tiene mayoría, introduciendo algunos cambios.
El proyecto de ley, clave para financiar el programa del Ejecutivo, incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente, así como otras medidas de carácter social.
La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3 % del producto interior bruto (PIB) en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9 %, y de este propio organismo, un 33,5 %.
Según sus cálculos, la reforma obligaría a pagar más impuestos «a un 3 % de la población», en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE.
