San José, 2 nov (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó este miércoles que la minera canadiense Infinito Gold apelará un fallo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, que dio la razón al país en una disputa.
Según el Gobierno costarricense, la empresa pagó el pasado 27 de octubre 300.000 dólares para reanudar el proceso de anulación del fallo emitido en junio pasado y continuar con el arbitraje.
«Esto significa que tenemos que continuar litigando a un alto precio. El litigio anterior nos costó 1,7 millones de dólares(…) Costa Rica se va a defender, somos un pueblo soberano, con justa causa, y valiente, pero esto va a llevar años», dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.
El tribunal arbitral internacional rechazó en junio de 2021 una indemnización de 400 millones de dólares que exigía a Costa Rica la empresa minera canadiense Infinito Gold por la cancelación del proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas, debido a que las autoridades costarricenses detectaron irregularidades ambientales.
El laudo arbitral determinó que Costa Rica nunca le denegó justicia y derecho de defensa al inversionista, que el país tenía su derecho de establecer sus políticas ambientales y que la empresa no logró demostrar el daño que alegaba.
La demanda fue interpuesta por la empresa en 2014 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, y fue planteada con base en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó que será un proceso legal largo, pero que vale la pena por defender a Costa Rica y añadió que el ente seguirá realizando las inspecciones y denuncias que salgan producto de los monitoreos y visitas realizadas por parte de los equipos técnicos a la zona.
El caso se remonta a 2010 cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró como nulas las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía y de la Secretaría Técnica Ambiental con las que se otorgó la viabilidad ambiental y la concesión minera, así como aprobaciones para modificar el proyecto y el uso del suelo.
La empresa comenzó a construir la mina Las Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, pero nunca terminó ni pudo explotar oro debido al retiro de la concesión por aparentes irregularidades en la tramitación de permisos y daños ambientales.
La Fiscalía costarricense abrió procesos judiciales contra el expresidente Óscar Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, por el supuesto delito al otorgar una declaratoria de interés y conveniencia nacional el proyecto minero en 2008.
El expresidente Arias fue sobreseído por este caso en 2019.
