Quito, 23 may (EFE).- El presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, emitió este martes un decreto ley para el fomento de las inversiones y el desarrollo de zonas francas en el país, que incluye la liberación de impuestos para impulsar la promoción de mercados libres.
Este es el segundo decreto ley emitido por Lasso, luego que el pasado 17 de mayo firmara la denominada «muerte cruzada», una figura constitucional del país que permitió al mandatario disolver la Asamblea Nacional (Parlamento), llamar a elecciones anticipadas y gobernar por decreto hasta que sea sustituido en el cargo.
Con la «Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo» se busca «atraer inversiones, que los sectores productivos lleguen a nuevos mercados, que se reduzcan los costos de producción y se generen más empleos», comentó el mandatario en un mensaje de Twitter.
«Tengo la convicción de que con esta normativa se abren nuevas oportunidades para los ecuatorianos», agregó Lasso que amparado en la «muerte cruzada» puede emitir decretos en materia económica que sean urgentes y que deban ser calificados por la Corte Constitucional.
Dicho Tribunal aún no se ha pronunciado sobre un primer decreto ley emitido la semana pasada sobre una reforma tributaria que busca reducir el monto de contribución a través de una ampliación de las deducciones al Impuesto a la Renta (IR).
En el nuevo decreto, también declarado de urgencia económica, busca promover inversiones para el desarrollo productivo en varios sectores y, además, la «creación de empleos de calidad y la promoción de mercados libres y eficientes», precisó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
El decreto, que propone reformas a varios cuerpos legales, también pretende aumentar e impulsar la industrialización y la oferta exportable del país, incrementar la competitividad de la producción nacional e impulsar la transferencia de tecnología.
Asimismo, busca impulsar los encadenamientos productivos y otorga una especial importancia y preferente para el desarrollo de la iniciativa en zonas fronterizas de Colombia y Perú, para «afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico» en dichas regiones limítrofes, agregó la fuente.
En el decreto se propuso un «régimen legal y regulatorio mejorado para impulsar nuevas zonas francas», sectores geográficos que estarían sometidos a un «régimen excepcional, exclusivamente en materia aduanera, tributaria y de comercio exterior».
Con ello se busca «fortalecer y preservar las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE)», apuntó la Secretaría al enumerar algunas de las ventajas propuestas a los grupos de inversión.
Sugiere exonerar del Impuesto a la Renta por 10 años a los inversores y por 15 años a quienes lo hagan en zonas de frontera; y propone una reducción de diez puntos porcentuales desde que concluyan esos plazos hasta que permanezca en vigencia la autorización de la zona franca.
El decreto también plantea la exención de tributos al comercio exterior, excepto a las tasas por servicios aduaneros para importación de insumos, bienes de capital y materias primas destinadas a la zona franca.
Asimismo, sugiere gravar con tarifa 0 (cero) al Impuesto al Valor Añadido (IVA) para la adquisición de insumos, materias primas y bienes de capital importados que se destinen exclusivamente a la zona autorizada.
Además, plantea la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a las importaciones de bienes y servicios relacionados con la actividad autorizada.
Las zonas especiales de desarrollo y zonas francas tendrán una vigencia de 20 años y se instalarán en áreas geográficas delimitadas y previamente autorizadas por un así llamado Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai), precisó la fuente.
La inversión mínima requerida para el desarrollo productivo de esas zonas es de 100.000 dólares en los primeros cinco años, aunque para los grandes operadores «no habrá monto mínimo de inversión», se explicó en el comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación.
