Lima, 10 jun (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, remarcó este viernes su apoyo a la inversión privada, así como el respeto al medio ambiente y las comunidades nativas, después de confirmar que anuló el estado de emergencia en las inmediaciones de la gran mina Las Bambas al lograr una tregua con las poblaciones vecinas.
Castillo informó que el Ejecutivo publicó un decreto supremo para dejar sin efecto el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la región surandina de Apurímac, «en busca de lograr el desarrollo del país y la paz social» en esas localidades.
«Somos un gobierno dialogante, que sabe escuchar, pero también cumple y respeta los acuerdos sociales», agregó el jefe de Estado en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.
El mandatario, que asiste a la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos, remarcó que siempre hará prevalecer el desarrollo de los pueblos, a través del diálogo».
En ese sentido, Castillo subrayó su respaldo a la inversión privada, pero «responsable, respetando el ambiente» y a las comunidades.
Las expresiones del gobernante se conocen después de que el Ejecutivo promoviera una mesa de diálogo entre los representantes de seis comunidades campesinas de Apurímac y la empresa china MMG, que opera el yacimiento de Las Bambas, productor del 2 % del cobre a nivel mundial, que consiguió el jueves una tregua de 30 días en las protestas que paralizaron la actividad de la mina desde abril.
No obstante, el Gobierno decretó el estado de emergencia este viernes en otra zona minera, en dos distritos de la región Arequipa, por los enfrentamientos entre extractores de oro que han dejado 14 muertos en la última semana.
La propuesta de tregua en Las Bambas la hizo el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, quien dijo que las comunidades buscaban que la mina continúe con sus operaciones mientras se instalan las mesas de trabajo «para una solución integral» a sus reclamos.
El acta suscrita confirmó los términos de ese acuerdo y estableció que las partes se volverán a reunir el 20 de julio próximo «para evaluar los resultados del diálogo», mientras que el Ejecutivo gestionará «la derogatoria inmediata» del estado de emergencia (excepción) que se dictó en la zona cuando se agudizó el conflicto.
El Gobierno también prometió instalar una mesa técnica «para el acompañamiento y seguimiento» de los acuerdos y compromisos que se adopten, mientras que Las Bambas se comprometió «a realizar una evaluación y reestructuración de los funcionarios que participarán en las mesas de diálogo».
El pasado 14 de abril, los pobladores de seis comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, tomaron parte del yacimiento para protestar por una serie de supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa.
Las comunidades afirman que retornaron a sus territorios comunales ancestrales, que vendieron a la minera Xstrata hace diez años, antes del ingreso de MMG a la operación, porque hay, al menos, 126 compromisos de desarrollo social incumplidos hasta la fecha.
Además, reclaman la entrega de 180 hectáreas de tierra para uso agrícola y rechazan que las comunidades de Chila y Choaquere hayan sido excluidas del área de influencia, después de también haber vendido sus terrenos para la operación de Las Bambas.
