Santiago de Chile, 20 jul (EFE).- La renuncia de Hernán Larraín a la presidencia de Evópoli, uno de los cuatro partidos de la coalición oficialista en Chile, es el enésimo capítulo de una crisis que está desangrando a la derecha a propósito de un histórico proyecto para el retiro anticipado de las pensiones.
«En este momento somos una coalición de Gobierno sin coordinación, ni diálogo. Esto no puede seguir así», dijo Larraín en una carta enviada la noche del domingo a los militantes del partido liberal.
La iniciativa, presentada por la oposición y que encara esta semana su recta final en el Senado, permitirá retirar de manera anticipada hasta un 10 % de los fondos de pensiones y busca aliviar a la castigada clase media, que representa casi la mitad de los 19 millones de habitantes de Chile.
BRECHA DE DIMENSIONES IMPREDECIBLES
El proyecto fue aprobado el miércoles pasado en el Congreso gracias al apoyo de 13 diputados oficialistas, tildados de «traidores» por algunos de sus compañeros, y ha abierto una brecha de dimensiones aún impredecibles en la coalición gubernamental «Chile Vamos».
«Esto constituye un fracaso en las convicciones de ‘Chile Vamos’ y pone en evidencia que las dirigencias de los partidos no son capaces de ordenar a nuestras propias filas», agregó el ya expresidente de Evópoli, para quien el proyecto «dañará severamente las pensiones de los chilenos».
De los 13 diputados oficialistas que votaron a favor, 9 son de Renovación Nacional (PN) -el partido fundado por el presidente del país, Sebastián Piñera- y 4 de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), que tramita la apertura de un expediente interno contra ellos.
La acalorada discusión en el Congreso derivó incluso en denuncias por intento de compra de votos y este fin de semana tres de los parlamentarios de la UDI partidarios del proyecto anunciaron que dejan la formación.
Quien también se ha revelado contra los alineamientos de su partido es Joaquín Lavín, alcalde del acaudalado barrio capitalino de Las Condes y la figura más presidenciable en la derecha. «En situaciones excepcionales hay que tomar medidas», afirmó este lunes en Chilevisión.
Con más de 330.000 contagios y 8.635 muertos, Chile es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, que está haciendo estragos en los bolsillos de los chilenos: la actividad económica se desplomó un 15,3 % en mayo y la tasa de desempleo se elevó al 11,2 %, su peor cifra en una década.
GOLPE AL SISTEMA
El gran empresariado chileno y parte del oficialismo, incluido el propio Piñera, se oponen visceralmente al proyecto porque creen que es el primer paso para desmantelar el sistema chileno de pensiones, replicado en otros países de Latinoamérica y criticado con dureza en los últimos años.
Implantado en 1981 en plena dictadura de Augusto Pinochet e ideado por José Piñera, hermano del actual mandatario, el sistema de pensiones es uno de los pilares del llamado «modelo chileno» y se basa en la capitalización individual del trabajador.
Los fondos, a su vez, son gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.
Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, el modelo de economía ultraliberal y el propio sistema de pensiones llevaron a Chile a ser el país con el mayor PIB per capita de la región y redujeron drásticamente la pobreza, pero acrecentaron la desigualdad.
«La rebelión de la derecha tiene que ver con una pérdida de legitimidad de la política más doctrinaria. Hay parlamentarios en la derecha que ya no quieren mantener a cualquier costo esa forma tan rígida de desarrollo», aseguró a Efe.
Según la encuesta Plaza Pública Cadem, el 86 % de la población está de acuerdo con que la Cámara de Diputados haya dado luz verde al proyecto y el 82 % declara que, de aprobarse definitivamente, retiraría sus fondos.
La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Claudia Heiss explicó a Efe que «hay una crisis mundial de representación política, de desconexión con la ciudadanía, y la derecha chilena no es ajena a ella».
«La centroizquierda se descompuso durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y ahora le toca el turno a la derecha, cuya crisis comenzó con el estallido social y el proceso constituyente y se ha profundizado con la gestión de la pandemia», agregó.
De aprobarse finalmente el proyecto, Chile se sumaría a países como Perú y Australia que ya han permitido el retiro de fondos.
El presidente tiene la opción de vetarlo o recurrir al Tribunal Constitucional, pero los expertos descartan esa opción pues podría provocar una nueva ola de protestas como la que estalló a finales del año pasado, con una treintena de muertos y que reivindicada, entre otras demandas, la transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones.
