Panamá, 20 oct (EFE).- La directiva de la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá pidió este martes al presidente del país, Laurentino Cortizo, que vete un proyecto de ley aprobado por el Parlamento que unifica la atención sanitaria pública, que presta de forma bilateral este ente y el Ministerio de Salud (Minsa).
«Instamos al presidente de la República a vetar dicho proyecto considerando las graves afectaciones económicas y financieras que pudieres ocasionar a la Caja de Seguro Social», dijo un comunicado firmado por la presidenta de Junta Directiva del organismo, Esmeralda Buchanan.
El proyecto de ley 311, aprobado este mes y a la espera de la firma del presidente para su sanción, crea «un marco legal regulatorio para el acceso a servicios de salud y medicamentos mediante la compensación de costos entre» el Minsa y la CSS «en beneficio de pacientes asegurados y no asegurados (…) «como una política de salud pública».
«Los temas de los servicios de salud, como la integración del @MINSAPma, @CSSPanama y otros, serán abordados en el marco del diálogo Pacto del Bicentenario #CerrandoBrechas, que convocaré en la tercera semana de noviembre del 2020», escribió el presidente Cortizo en su cuenta de Twitter.
Ya el pasado domingo el director de la CSS, Enrique Lau, dijo que un modelo que unifique los servicios de salud debe decidirse en el «diálogo nacional» y no limitarse a una iniciativa parlamentaria.
El Seguro Social, un ente que asegura al 80 % de la población de Panamá según los datos disponibles, explicó este martes que ya existe una ley que establece «los mecanismos de coordinación y reciprocidad en la prestación de servicios con el Ministerio de Salud, mediante la compensación de costos».
También señaló que la atención a la salud de sus asegurados proviene de fondos del Programa de Enfermedad y Maternidad, el cual «se encuentra seriamente afectado en sus ingresos», por lo que les «preocupa la precariedad de las reservas existentes y su futuro inmediato».
La directiva de la CSS aclaró que cree «en el acceso ciudadano a una salud y universal y gratuita», pero que considera «importante la fuente de financiamiento de los objetivos propuestos» en el proyecto.
«Toda vez que los reembolsos del Gobierno central a la Caja de Seguro Social, amparados en el mismo esquema que plantea el proyecto no se reciben en tiempo oportuno, obligando a la institución a hacer uso de los ya escasos recursos financieros del Programa de Enfermedad y Maternidad, lo cual afecta gravemente las finanzas de la institución», argumentó.
Gremios médicos y de enfermeras del Seguro Social ya han expresado con manifestaciones pacíficas a las puertas de la institución su rechazo al proyecto de ley por considerar que atenta contra la autonomía de la institución sanitaria.
El polémico proyecto legislativo fue propuesto en marzo pasado por el diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Abel Beker, y aprobado por el pleno el pasado 13 de octubre.
