Redacción América, 30 abr (EFE).- En Latinoamérica, el sindicalismo ha dejado las calles para tomar los despachos y se ha debilitado en las últimas décadas, entre otras causas, por la informalidad laboral, las “restrictivas condiciones legales en que actúan y la hostilidad de la mayoría del empresariado”, según dijeron expertos a EFE.
“(Los sindicatos en Colombia) hoy tienen una afiliación que no supera el 5 % de la fuerza laboral, no se puede hablar de una representación de los intereses más amplios de toda la población”, dijo a EFE el sociólogo Édgar Augusto Valero Julio de la Universidad Nacional de Colombia.
Precisamente, este Primero de Mayo en Colombia tiene la particularidad de que por primera vez la izquierda está en el poder, con el presidente Gustavo Petro, quien encabezará un acto con trabajadores para promover las reformas sociales presentadas por su Gobierno al Congreso, que han tropezado con la falta de mayorías, por lo que esta semana cambió a siete de sus ministros.
EL SINDICALISMO DE DESPACHO
Por su parte, en Brasil, los sindicatos suelen programar actos que rayan más en lo festivo que en lo reivindicativo y, como muestra de la buena sintonía entre estos y el Gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene previsto acudir a la «fiesta» organizada en Sao Paulo.
El mayor sindicato del país, la Central Única de los Trabajadores (CUT), es un brazo del Partido de los Trabajadores (PT), del que forma parte Lula, y durante los primeros Gobiernos del PT (2003-2016), el sindicalismo aprovechó su cercanía con el poder para negociar sus reivindicaciones en los despachos.
Según las voces más críticas, una situación similar se da en México, donde, a pesar de que el sindicalismo se reformó en 2019, los cambios solo consiguieron maquillar el denominado “charrismo”, como se llama al fenómeno de líderes sindicales elegidos por empresarios y el Gobierno.
“(La reforma laboral) fue un maquillaje del charrismo y en el peor de los casos constituyó la legitimación del charrismo sindical en México”, expuso a EFE Susana Prieto, diputada mexicana del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y destacada defensora de derechos laborales.
EL SINDICALISMO AUSENTE Y LA INFORMALIDAD
En Argentina, el sindicalismo, históricamente peronista, y por lo tanto del mismo signo político que el Gobierno de Alberto Fernández, evita hacer huelgas generales. Por eso, la central sindical Confederación General del Trabajo (CGT) es acusada de “burocracia sindical” y de apoyar “el desastre económico” que viven la mayoría de los trabajadores.
Los paros no se dan este país a pesar de que la inflación alcanzó el 104,3 % anual el pasado marzo, el poder adquisitivo cayó y aumentó la pobreza al 39,2 %, además de la informalidad laboral.
En Perú, una nación marcada por una tasa de informalidad laboral que ronda el 80 %, el sindicalismo, por su misma definición, tiene muy complicado amparar a los trabajadores, con una situación agravada por la pandemia.
Una de las causas de la conflictividad social en el país está asociada a la ausencia de sindicatos, organizaciones, federaciones o asociaciones formales y fuertes que representen de forma lícita los intereses de trabajadores, comunidades o colectivos.
LAS REIVINDICACIONES LABORALES
Si hay algo en lo que todos los países coinciden es en exigir mejoras laborales. Brasil, aún con el desempleo más bajo registrado desde 2015, se encuentra ante un panorama poco halagüeño, con unos altos tipos de interés que están enfriando la economía.
Asimismo, en Colombia la inflación interanual en marzo llegó al 13,34 %, la más alta en 24 años, lo que está destruyendo el poder adquisitivo de los trabajadores.
Y no será la única. En 2023, las economías de Latinoamérica seguirán enfrentándose a una alta inflación, según el informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado este abril.
LOS DERECHOS CONQUISTADOS
Sin embargo, no todo son malas noticias. Chile ha hecho considerables avances en los últimos tiempos en materia laboral y este Primero de Mayo está marcado por la reducción gradual de la jornada laboral, de 45 a 40 horas semanales, y el aumento del salario mínimo el pasado año.
«Mejoras como las 40 horas son indispensables para acercarnos a un nuevo Chile, uno más justo, y a una vida más plena», dijo el presidente Gabriel Boric tras ver cumplida una de sus principales promesas de campaña el pasado 11 de abril.
Beatriz Díaz
