Montevideo, 17 dic (EFE).- El veto del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al proyecto de ley forestal impulsado por el derechista Cabildo Abierto, uno de sus socios en la coalición de Gobierno, ingresó este viernes al Poder Legislativo.
Así lo indicó la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatríz Argimón, quien compartió en su cuenta de Twitter el texto que señala que la vulneración de los derechos de propiedad, libertad y trabajo, consagrados en la Constitución, fueron motivos que llevaron al Ejecutivo a tomar esta decisión.
El documento, que ahora deberá «ser tratado por la Asamblea General», como recuerda Argimón, remarca también la importancia de preservar la seguridad jurídica, «principio fundamental, imprescindible para mantener el desarrollo económico, los procesos de inversión y el prestigio internacional del país».
Con los votos de Cabildo Abierto (CA) y del Frente Amplio (FA), la coalición de izquierdas que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal opositor nacional, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto.
El proyecto de ley consta de siete artículos y tiene como uno de sus cometidos «que no se plante en los mejores campos del país», según indicó a la prensa el senador Guido Manini Ríos, líder del CA.
«No significa para nada estar en contra del desarrollo de un sector dinámico como es el forestal. Estamos totalmente de acuerdo con que el desarrollo de ese sector es bueno para el país, pero no en cualquier tierra, no en tierras que indudablemente tienen mucho más productividad en otros rubros», dijo.
El veto del Ejecutivo, que ya había sido anunciado días atrás por Lacalle Pou, cita en varias partes a la carta magna y resalta el artículo que indica: «Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes».
De acuerdo con esto, agrega que «esas limitaciones deben explicitarse y motivarse claramente», algo que, a juicio del Ejecutivo, «no se cumple en el proyecto de ley».
Por otra parte, reza que con este proyecto «resulta notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción» y añade que, con su aprobación, «los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes».
Aunque la Constitución uruguaya no reconoce el término «veto», su artículo 137 establece que si el Ejecutivo tiene «objeciones que oponer u observaciones que hacer» a un proyecto de ley recibido, las enviará a la Asamblea General que, según el artículo 138, hará «lo que decidan los tres quintos» de los miembros presentes de las Cámaras.
Este es el primer veto de Lacalle Pou desde que asumió la Presidencia el 1 de marzo de 2020.
