Lima, 20 nov (EFE).- La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el mayor gremio empresarial de Perú, y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y Sami exhortaron este sábado al Gobierno a rectificarse sobre el anuncio de negociar el cierre de cuatro minas de la sureña región de Ayacucho.
«Acá se está violando el estado de derecho y se está haciendo un atropello contra las empresas y sus operaciones. La primera ministra ha pasado por encima de este estado de derecho atribuyéndose poderes que no tiene por ley, y ha asumido funciones que tampoco le corresponden», declaró el presidente del gremio empresarial, Óscar Caipo.
En una conferencia de prensa organizada por la Confiep y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los empresarios mostraron su enérgico rechazo al anuncio que realizó el viernes la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, sobre la creación de una «comisión ejecutiva para negociar el retiro y el cierre de cuatro unidades mineras» ubicadas en las cabeceras de la cuenca del sur de Ayacucho.
La primera ministra reveló este acuerdo luego de mantener una reunión con habitantes y autoridades de las sureñas provincias ayacuchanas de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, cuyos pobladores acatan desde octubre un paro indefinido en contra de la actividad minera en sus cabeceras de cuenca para denunciar la contaminación de sus afluentes.
«ARBITRARIA E ILEGAL»
En la rueda de prensa, los empresarios y representantes de las compañías mineras que operan en el país sostuvieron que esta decisión fue tomada «unilateralmente» por la presidencia del Consejo de Ministros, sin que se les informara previamente.
Por eso, instaron a Vásquez y al Gobierno del izquierdista Pedro Castillo a «rectificar formalmente» y reconsiderar esta posición, que consideran «arbitraria e ilegal».
Además, exhortaron a las autoridades peruanas a aclarar sus mensajes contradictorios.
«En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú, y luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar 4 empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal», espetó Caipo, el presidente de la Confiep.
Durante su intervención, el presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, advirtió que, de concretarse esta medida, se perderán 6.000 puestos de trabajo formales directos y 48.000 indirectos, lo que afectaría a alrededor de 54.000 familias peruanas, la mayoría de Ayacucho.
Por su parte, la Unión de Gremios de Perú expresó, en un comunicado, que podría ser «el inicio de una vía permanente que pretenda atentar contra el sector minero y otros», y lamentó que «estas acciones solo generan mayor inestabilidad y desconfianza en el sector empresarial».
CIERRE PROGRAMADO
La primera ministra viajó la víspera hasta las provincias del sur de Ayacucho para atender las demandas de los pobladores que alientan el conflicto minero en esta zona del país.
En ese encuentro se acordó la creación de la comisión que se encargará de negociar la salida de las cuatro unidades mineras y buscará preservar y delimitar espacios con las empresas que operan en la región para proteger a los pobladores de la contaminación.
Luego, en Twitter, Vásquez aclaró que el cierre de estas minas ya estaba previsto.
«Las operaciones mineras que ya tienen fecha de cierre prevista deben hacerlo de forma adecuada y cumpliendo los estándares y plazos de ley. La recuperación de la cuenca es nuestro compromiso firmado con el sur de Ayacucho. No significa cierre unilateral», escribió en redes.
Tras recibir las críticas, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado para insistir en que estas minas ya se encontraban con planes de cierre establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.
El Gobierno tachó de «interpretaciones inexactas» las críticas de los empresarios, a quienes les pidió «calma y serenidad» para «no abonar en la inestabilidad política del país».
«Descartamos que estas medidas sean arbitrarias, ilegales o que contravengan la estabilidad jurídica, como han referido los representantes de los gremios empresariales», señaló el Ejecutivo. EFE
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