Lima, 20 nov (EFE).- En América Latina urge un nuevo pacto o diálogo social entre los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil para alcanzar la igualdad, la sostenibilidad y la transparencia, concluyeron expertos internacionales que participaron en un foro regional virtual organizado desde Lima.
«Los criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo marcan la agenda de los próximos años», señalaron este viernes a Efe los organizadores del encuentro virtual «Empresas y derechos humanos: un escenario complejo para América Latina».
Durante el foro, organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, y CooperAcción, se remarcó que «el desafío» es implementar «los principios rectores empresariales haciendo hincapié en la protección de los derechos humanos».
En ese sentido, el aumento del desempleo, la disminución de salarios, la deserción escolar, el atropello de derechos laborales, el colapso de sistemas de salud y el aumento de la pobreza están entre las consecuencias de la pandemia de la covid-19 en la región.
CRISIS ESTRUCTURAL
«Perú es un ejemplo de la crisis estructural que hay en la región. La raíz del problema es la irresponsabilidad, la corrupción como, por ejemplo, el caso Odebrecht», comentó el representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) José Díaz Mirabal.
Agregó que para lograr que se respeten los derechos humanos «es importante buscar un nuevo diálogo en el que se incorpore a los pueblos indígenas, y que las decisiones no la tomen solo los Gobiernos y empresas».
A su turno, el representante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) Pedro Chang resaltó la importancia de que la actividad empresarial se haga con un enfoque de respeto a los derechos humanos enmarcado en políticas públicas transparentes que protejan a los trabajadores.
«En América Latina están los peores líderes corporativos e incluso involucrados en casos de corrupción. No hay visión compartida entre empresa, país y sociedad civil. La ONU y Cepal nos dicen la necesidad de un nuevo pacto social, un nuevo modelo de desarrollo sostenible», aseguró.
Chang dijo que los trabajadores buscan «acuerdos reales que permitan implementar políticas públicas con énfasis en los derechos humanos y el sector empresarial».
DIÁLOGO SOCIAL
En ese contexto, el especialista en temas de igualdad y no discriminación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Martin Oelz resaltó la importancia del diálogo social tripartito, entre Gobierno, empleadores y trabajadores, como un instrumento «clave» en la promoción y el logro del trabajo decente, el desarrollo inclusivo y la cohesión social.
«El diálogo social permite a los agentes discutir las políticas públicas, legislación y otras decisiones políticas que afectan a los interlocutores sociales. La actual coyuntura demanda un nuevo diálogo social, en ese sentido, el Convenio 169 de la OIT puede ser el punto de partida para iniciar ese nuevo diálogo», remarcó.
Dante Pesce, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, indicó que Latinoamérica tiene el peor desempeño de gobierno corporativo, a lo que suma la crisis de institucionalidad y gobernanza de sus países.
«Hay una desconexión entre los criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo o la función del directorio. Un problema común en la región es la crisis de institucionalidad y la continuidad de las políticas públicas», sostuvo.
PROTEGER DERECHOS
Pesce aseguró que «el Estado debe proteger contra los abusos sobre los derechos humanos, mediante la implementación de políticas, legislación y regulación», mientras que las empresas deben respetar los derechos «en toda la cadena de valor, actuando con diligencia y abordando los impactos negativos».
«Por último, si se diera el caso se tiene que asegurar a las víctimas acceso a la remediación y reparación en caso de abusos a los derechos humanos», detalló.
A su turno, Froukje Boele, quien representó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sostuvo que el impacto de la pandemia en la región y, principalmente, en Perú, ha evidenciado la fragilidad macroeconómica de los países de América Latina.
Indicó que, por ese motivo, la OCDE recomienda adoptar una Conducta Empresarial Responsable (CER) basada en la protección a los trabajadores, facilitar el acceso a las empresas a nuevos capitales y proteger las vulnerabilidades de la cadena de suministros.
«El Gobierno puede convertir a las empresas en los aliados claves de la recuperación de la economía, se debe firmar un contrato social que proteja a los trabajadores y cree empleo y puestos de calidad», concluyó.
