Lima, 27 ene (EFE).- Los cuatro directivos de la refinería de La Pampilla imputados por el presunto delito de contaminación ambiental por derrame de crudo, encabezados por el gerente general Jaime Fernández-Cuesta, se allanaron al pedido de impedimento de salida del Perú, aunque la decisión judicial se conocerá el viernes.
El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, Romualdo Aguedo, decidió suspender la audiencia hasta el viernes, después de escuchar el pedido de la fiscalía y la decisión de los imputados de aceptar esa medida.
Además de Fernández-Cuesta, que también es director ejecutivo de Repsol en Perú, como empresa operadora de la refinería, están imputados como cómplices el jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong; y para Producción, José Reyes Ruiz.
El abogado de Fernández-Cuesta dijo que no se va a oponer al requerimiento, aunque precisó que su defendido «en todo momento ha colaborado, y ha permitido que la fiscalía ingrese a las instalaciones de La Pampilla» para las pesquisas iniciadas.
En el mismo sentido, la defensa de los otros directivos aceptaron la medida propuesta por la fiscalía y manifestaron que no tenían la intención de salir del país para colaborar con las investigaciones.
La Fiscalía explicó que la medida es indispensable para la indagación de la verdad y consideró que «es preciso y de legítima necesidad que estos imputados permanezcan dentro del territorio para asegurar el esclarecimiento de los hechos».
La representante del Ministerio Público expresó que se tiene indicios de que «conociendo el derrame producido no habrían cumplido adecuadamente sus funciones», dado que el vertido ascendió a más de 6.000 barriles, habiéndose desplazado «desde la refinería hasta Supe en Barranca, a 140 kilómetros de distancia».
El derrame contaminó aguas marinas, suelo y subsuelo marino, con impacto en flora, fauna y la población que estuvo expuesta a los hidrocarburos, anotó la fiscal.
Los hechos tipificados como contaminación del ambiente son pasibles de responsabilidad penal, con penas no menor de cuatro años ni mayor a seis años de prisión, agregó.
Asimismo, indicó que «existe un peligro latente de que los imputados puedan tratar de rehuir a los hechos que se están investigando» y que se está considerando que existe una responsabilidad.
A su vez, la procuraduría del Estado se adhirió al pedido de impedimento de salida del país en vista a que «este caso es de una magnitud gravosa» y existe un potencial peligro de fuga.
El derrame se produjo el sábado 15 de enero en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica submarina en Tonga, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la Refinería La Pampilla.
Esta circunstancia, ocurrida sin que hubiese en las costas peruanas alerta de tsunami, como si había en otros países vecinos del Pacífico, provocó supuestamente la rotura de las amarras de estribor del barco y con ello una fuga en el sistema de mangueras y tuberías que conectaban el barco con la refinería para traspasar el crudo.
