Buenos Aires, 29 jul (EFE).- El ente que regula al sector de la electricidad en Argentina dijo este miércoles que detectó irregularidades en un acuerdo firmado el año pasado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y las distribuidoras de energía Edenor y Edesur.
Según informaron fuentes oficiales, esas irregularidades fueron detectadas a partir de una auditoría realizada por el organismo y cuyos resultados han sido remitidos a la Justicia.
La auditoría del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se centró en un acuerdo que en mayo de 2019 firmaron Edesur y Edenor, las distribuidoras que prestan servicios en la capital argentina y varias localidades de su periferia, y el entonces secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade.
Mediante ese convenio se regularizaron ciertas obligaciones mutuas entre el Estado nacional y las empresas, como paso previo a que las concesiones de distribución pasaran de la órbita nacional a las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Puntualmente, el acuerdo buscó poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas generadas entre 2006, cuando se renegociaron los contratos de concesión, y 2016, cuando se realizó una revisión tarifaria integral del servicio eléctrico.
Como resultado de la auditoría el ENRE dijo hoy haber detectado «irregularidades en el cálculo» de las deudas de las empresas por multas acumuladas y de los reclamos de las distribuidoras al Estado por la congelación de tarifas desde la crisis que estalló a finales de 2001 y hasta el 2016.
Según el ENRE, para la cuantificación de estas obligaciones, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo «sin ninguna justificación técnica», «redundando en un beneficio para las concesionarias», las cuales «pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras».
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Según el ente regulador, la información incluida en su auditoría «presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados».
En la causa abierta en la Justicia se investiga si Lopetegui y Garade realizaron presuntas «maniobras de administración presupuestaria» que podrían haber beneficiado a Edenor, integrante del grupo argentino Pampa Energía, y Edesur, controlada por la italiana Enel.
Según explicó el regulador, de acuerdo a las normas establecidas, para que las multas aplicadas a las compañías por deficiencias en la calidad o el servicio técnico puedan cambiar el destino original -bonificación a los usuarios afectados- y se conviertan en inversiones por parte de las empresas, la condición es que las distribuidoras superen los indicadores semestrales de calidad media.
De acuerdo al ENRE, esta condición «no se habría dado, por lo que lo convenido en el acuerdo resultaría ilegítimo».
Adicionalmente, la Justicia investiga si los montos sujetos al acuerdo fueron correctamente calculados.
RECLAMOS A EDESUR
Los resultados de la auditoría del ENRE se conocen en momentos en que Edesur es blanco de reclamos por parte de una decena de alcaldes de localidades de la provincia de Buenos Aires por supuestas fallas en el servicio.
La semana pasada el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenizno, pidió formalmente al ENRE que se le quite la concesión del servicio a Edesur, luego de la cantidad de reclamos que recibió por cortes de suministro y por considerar que «se agotaron todas las instancias para que la empresa se comprometa a realizar las inversiones que nunca hizo».
Ante los reclamos, Edesur dijo en un comunicado que ha invertido 720 millones de dólares en los últimos tres años y que la «mejora» en su servicio «es un hecho, certificado y publicado por el ENRE».
