Ciudad de México, 20 may (EFE).- Las familias de los 65 mineros que murieron sepultados el 9 de enero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, consideraron este jueves necesario que el Gobierno mexicano cambie la pauta de diálogo en el caso.
La petición la hicieron ante la notificación del Estado mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «sobre su deseo de llegar a una solución amistosa en el caso» y ante los señalamientos respecto del rescate formulados este jueves por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.
En un comunicado emitido por su defensa, las familias peticionarias ante CIDH -madres, padres, hijos e hijas, viudas, hermanos- reconocieron que el presidente «ha confirmado su compromiso con el rescate de nuestros mineros».
Sin embargo, expusieron que el proceso de cumplimiento y diálogo de los peticionarios «se ha visto entorpecido por la exclusión injusta de la que se nos ha hecho objeto sobre la base de definir arbitrariamente como víctimas solamente a las viudas».
Acusaron que el resultado de esta distinción ha sido que en las reuniones, consultas y compromisos hechos por el presidente, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, no se les ha permitido estar presentes a los peticionarios ni a las organizaciones acompañantes, y no se les ha tomado en cuenta como interlocutores.
Además, recordaron que no se les entregó la información acordada sobre los estudios que hizo el Servicio Geológico Mexicano y que fueron entregados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal encargada de recuperar los cuerpos y cuyo plan contempla que el proceso empiece, a más tardar, en septiembre de 2021 y termine en agosto de 2024.
Tampoco se les ha proporcionado información sobre los «supuestos avances» y no han recibido respuesta a una carta entregada al director de CFE, Manuel Bartlett, en la que le pidieron una reunión para tratar dos temas: establecer una ruta crítica para la obra de rescate y la no repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón.
Por todo lo anterior pidieron a la CIDH una reunión de trabajo, «en lo posible presencial y en la mina», para dialogar entre las partes sobre el seguimiento de los acuerdos, bajo condiciones que permitan la participación y el reconocimiento de los peticionarios en el litigio interamericano.
«En caso de que hubiera una interlocución en la que se garantice el acceso, información y participación a todos los peticionaros, se podría explorar una solución amistosa que cumpla con los estándares interamericanos en materia de reparación integral», señalaron.
Este jueves, López Obrador aseguró que ya se iniciaron los trabajos para rescatar los cuerpos de la mina colapsada y que han invertido mas de 2.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares).
«No hay límite cuando se trata de garantizar justicia para víctimas, no hay límite», dijo en conferencia de prensa.
En el accidente de la mina, 65 trabajadores murieron y solo dos cuerpos fueron recuperados, el resto quedó sepultado por considerar que su rescate era de alto riesgo.
