Toronto (Canadá), 20 nov (EFE).- La empresa minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), la empresa matriz de Minera Panamá (MPSA), anunció este lunes que ha tenido que reducir sus operaciones en la mina Cobre Panamá a un tren de procesamiento de mineral y que se podría ver obligada a cesar temporalmente su producción en los próximos días.
FQM también señaló que a partir de esta semana la mina se quedará sin suministros para operar su planta de energía debido al bloqueo del puerto de Punta Rincón.
«La presencia continuada de un bloqueo ilegal de pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón sigue impidiendo la entrega de los suministros necesarios para operar la planta de energía», señaló FQM en un comunicado.
Y añadió: «Si las acciones ilegales continúa impidiendo la entrega de los suministros necesarios para operar la planta de energía, MPSA reducirá esta semana el último tren de procesamiento y cesará temporalmente la producción».
La compañía minera canadiense también señaló que el 16 de noviembre, Minera Panamá pagó a las autoridades panameñas 567 millones de dólares estadounidenses en concepto de impuestos y regalías del periodo entre diciembre de 2021 y octubre de 2023.
«Este es uno de los mayores pagos de impuestos y regalías de la historia del sector mundial de la minería de cobre y es el mayor pago fiscal nunca realizado en Panamá», añadió FQM.
Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso a «abrir nuevos foros de diálogo» y responder a las cuestiones sobre la operación de Cobre Panamá «para crear una relación duradera basada en el respeto, la cordialidad, el entendimiento y el beneficio mutuo».
La renovación de la concesión de Cobre Panamá a MPSA por parte del gobierno panameño se produjo a pesar de la oposición de diversos grupos sociales y generó una crisis el pasado 23 de octubre que se ha traducido en la convocatoria de las mayores manifestaciones pública en décadas en el país centroamericano.
En las protestas han muerto cuatro personas, mientras que las pérdidas económicas son de al menos 1.700 millones de dólares según las patronales.
