Bogotá, 13 may (EFE).- Organizaciones sociales, ONG y el senador de izquierdas Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.
Además de Duque, los demandantes señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como «máximos responsables».
En un comunicado los querellantes dicen que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron».
Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas.
Las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo de Colombia.
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La denuncia de Cepeda, fuerte opositor de Duque y de Uribe, fue acompañada por varias ONG, como Temblores, y organizaciones civiles, como la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.
Según el informe hay evidencias de delitos contra la población civil reflejado en «homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas».
«Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular», sostiene la denuncia.
La comunicación expresa preocupación porque Cali, la tercera ciudad del país, ha sido «escenario de los más graves hechos» y remarcan que las principales autoridades de gobierno y Estado no condenan en «forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD.HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública».
En la misiva, los denunciantes piden que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el estado colombiano «no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes».
El documento concluye con la petición a la fiscal de la CPI Fatou Bensouda para que visite Colombia y pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos.
