Ciudad de México, 20 ene (EFE).- El Gobierno mexicano regularizó millones de «autos chocolate», como se conoce a los vehículos que ingresan de forma irregular desde Estados Unidos, con un polémico decreto que sorprendió a la industria automotriz.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el inesperado decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) tachó de «lamentable» y «sorpresiva» su publicación.
«El compromiso expresado por el propio presidente fue para entablar un diálogo con el sector automotor, fue una sorpresa el decreto y no se cumplió con lo comprometido», dijo Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, en declaraciones a Enfoque Noticias y otros programas de radio.
La polémica de «autos chocolate» inició en 2019, cuando el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) propuso legalizarlos para recaudar 50.000 millones de pesos adicionales (casi 2.445 millones de dólares).
Las cámaras del sector automotor, como AMDA, han cuestionado estas cifras y han advertido de una caída mayor al 30 % en las ventas nacionales.
El presidente López Obrador anunció en octubre pasado la regularización de estos vehículos, con el argumento de ayudar a la gente pobre y combatir la inseguridad, en los estados de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Pero el decreto recién publicado extiende los beneficios a Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit, entidades que no colindan con Estados Unidos.
El Gobierno estimó que existen «2 millones de vehículos de procedencia extranjera de manera irregular» en el país, que ahora se inscribirán en el Registro Público Vehicular con la condición de que el dueño pague 2.500 pesos (poco más de 120 dólares).
«Es menester registrar y controlar la estancia y circulación en el país de todos los vehículos, permitiendo así su rastreabilidad como instrumento auxiliar de las actividades en materia de seguridad pública de los tres ámbitos de Gobierno», argumentó el texto del DOF.
Pese a los argumentos del Gobierno, la AMDA lo consideró «un decreto para fomentar la regularización del contrabando automotriz».
En particular, el sector lamenta que el decreto ocurra después de que la industria automotriz, principal componente del producto interno bruto (PIB) industrial mexicano, se contrajo un 2 % en 2021 por los cuellos de botella en la importación de semiconductores y una exportación que no llega a los niveles esperados.
«Mal y de malas la publicación del decreto que, lejos de promover el empleo y la inversión, premian la ilegalidad y la informalidad», expresó en Twitter Arturo Rangel, vicepresidente del sector automotor de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).
