México, 3 feb (EFE).- El Gobierno mexicano defendió este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que limita la generación privada de renovables para que el Estado recupere la «rectoría» del sector energético.
«En un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado», argumentó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.
La ministra defendió la iniciativa preferente que este lunes envió al Congreso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que restringiría la entrada al despacho eléctrico de la energía generada por las plantas privadas de renovables.
La secretaria coincidió con el mandatario en la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado, cuya energía se produce en plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado, ha acusado al Gobierno de intentar una «expropiación indirecta», además de contravenir el Acuerdo de París y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La titular de la Segob respondió que la ley «no significa que no vayan a participar los particulares», pero que será «con ciertas reglas y con ciertos límites» porque el Estado debe garantizar los principios constitucionales de continuidad, confiabilidad y estabilidad en el servicio.
“No podemos tener energías intermitentes, claro, bienvenida la participación privada, y ahí está en la ley la participación de la energía privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado», manifestó.
La inesperada propuesta del presidente causó impacto por ser de carácter preferente, lo que significa que el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que pretende «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional».
La reforma es un paso más allá de la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14 % del PIB , según el CCE.
Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Corte, previó que la reforma avance en el Congreso y después los inconformes podrán «ejercer su derecho» a impugnarla.
La secretaria de Gobernación replicó el argumento del Gobierno sobre la necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema ante la pandemia de covid-19.
“Solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano en esta rectoría del Estado estos tres principios, la confiabilidad en el sistema, imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable, no continuo o no estable en los hospitales”, sostuvo.
