Quito, 2 ago (EFE).- Un grupo de gremios de telecomunicaciones de Ecuador exhortó este miércoles al Gobierno nacional a concretar la prórroga de las concesiones de la española Telefónica Movistar y de la mexicana Claro, y a concluir los trámites pendientes para retomar las negociaciones para la renovación de los contratos.
La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), la Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (Aeprovi) y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregado (Aprosva) señalaron en un comunicado conjunto que la prórroga de las concesiones «resulta inminente e imprescindible».
El Gobierno ecuatoriano, del presidente conservador Guillermo Lasso, suspendió en mayo pasado las negociaciones con Telefónica y Claro por 120 días o hasta que varias instituciones entreguen una serie de informes solicitados.
La suspensión se dio menos de una semana después de la «muerte cruzada» declarada por Lasso, con la que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora y forzó así una convocatoria de elecciones generales extraordinarias con la que recortó su mandato.
Las concesiones de Claro y de Telefónica, otorgadas en 2008 por el plazo de 15 años, vencen el 27 de agosto en el caso de la compañía mexicana y el 30 de noviembre en el caso de la española.
Ante el anuncio de la suspensión de las conversaciones, el Gobierno anunció que se prorrogarán las concesiones hasta que se retome y se concrete la negociación de la renovación, pero esta prórroga aún no se ha producido cuando queda menos de un mes para que venza el contrato de Claro.
Los tres gremios lamentaron que el Gobierno «aún no ha completado la valoración para resolver las necesidades de servicios de telecomunicaciones que demanda la sociedad, a pesar de los 21 meses que transcurrieron desde la apertura del proceso de negociación en agosto de 2021 hasta la emisión de la resolución de suspensión en mayo de 2023».
«Este retraso ha generado incertidumbre tanto en la industria como en la ciudadanía en general, quienes desconocen los resultados de las consultorías técnicas contratadas», advirtieron las tres asociaciones.
En ese sentido, exhortaron al Ejecutivo a concluir con los actos jurídicos necesarios para prorrogar las concesiones», con el fin de dotar de «transparencia y certeza jurídica al proceso».
«Es fundamental incluir la pronta presentación de los estudios de valoración para tratar la expansión de los servicios que demanda la sociedad», señalaron en el comunicado conjunto.
«Hacemos un llamado para que se garantice la continuidad de las negociaciones en un marco de seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para los inversionistas involucrados en el sector de las telecomunicaciones», agregaron.
De acuerdo a fuentes próximas a la negociación consultadas por EFE, existía al inicio de las negociaciones una diferencia muy grande entre los términos económicos que espera recibir el Estado y lo que están dispuestas a pagar las empresas por una nueva concesión.
Esto debido a que, de acuerdo a las cuentas de resultados de las compañías, los márgenes de beneficios por los servicios de telefonía se han reducido, porque la facturación ha caído a la vez que han aumentado las necesidades de inversión en tecnología para aumentar el ancho de banda de internet, como el 5G. EFE
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