Panamá, 11 ene (EFE).- Un hackeo a los sistemas informáticos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Panamá mantiene «secuestrada» información de los programas de ayuda económica a los más pobres del país, denunciaron este lunes las autoridades.
«El ataque inhabilitó varios servidores de ayuda social, entre los que está el Registro Nacional de Beneficiarios, mismo que brinda servicios a diferentes Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, tales como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y bono alimentario Senapan», informó el Mides.
Representantes legales del ministerio presentaron este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público y explicaron que desde el pasado 6 de enero varios equipos del Mides fueron «comprometidos a través de un ataque informático sofisticado».
El director nacional de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Carlos Córdoba, declaró que «es un golpe muy fuerte» para el despacho porque estos sistemas integrados «han permitido agilizar los procesos de incorporación, de gestión, de monitoreo y de seguimiento de los beneficiarios» de los programas de transferencia monetaria.
«Lo que está secuestrado es un sistemas mediante el cual estábamos gestionando los cuatro programas a la vez (…) lo que están buscando (los atacantes) es dinero», dijo Córdoba, que descartó de plano que el Estado panameño pretenda pagar.
Por esta situación «no habrá una afectación directa al pago» de los subsidios «programada para la primera semana de marzo» correspondiente a «los cuatro programas de transferencia condicionada», destacó.
Córdoba afirmó en declaraciones a la cadena local Telemetro que la información comprometida no incluye datos bancarios y recordó que los beneficiarios de estos subsidios son personas que viven en pobreza o pobreza extrema.
«¿Qué no tenemos hoy en día? Los datos de 194.000 personas y, aspirantes adicional que estaban en este servidor, es decir todas las personas que estaban aspirando al programa», precisó.
El Mides dijo en un comunicado que «mantendrá sus programas funcionando y listos para atender a los grupos que se encuentran en pobreza o pobreza extrema», y que confía en que «las autoridades judiciales aplicarán el debido proceso y realizarán todas las gestiones pertinentes en beneficio de la población que resultó afectada por el delito informático».
