Lima, 21 oct (EFE).- Los indígenas de la Amazonía peruana han declarado «personas no gratas» a los miembros de una comisión del Congreso de Perú que este martes rechazaron la ratificación del Acuerdo de Escazú y exigieron que reconsideren esa medida para no acudir ante organismos internacionales.
«Nosotros rechazamos la actitud de estos congresistas y los declaramos no gratos para el pueblo indígena», afirmó a Efe el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper.
El dirigente remarcó que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso deberían «garantizar la vida de los pueblos indígenas, que está en riesgo por diferentes amenazas de tráfico de tierras, por cultivo ilícito de coca y otras actividades que se viven en la Amazonía peruana».
DECISIÓN POLÉMICA
La Comisión de Exteriores del Congreso, que preside el fujimorista Gilmer Trujillo, archivó este martes la propuesta de ratificación del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».
Conocido como el Acuerdo de Escazú, Perú fue uno de los 12 países americanos que firmaron en 2018 este tratado, que es el primer pacto mundial que contiene disposiciones vinculantes para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
Sin embargo, los legisladores que rechazaron su ratificación afirmaron que afectaría la soberanía de Perú en materia de administración de Justicia y que el sistema jurídico del país ya cuenta con una regulación suficiente en cuanto al acceso de información y justicia ambiental.
INDÍGENAS INDIGNADOS
Al respecto, Cauper sostuvo que están «indignados», ya que el debate sobre la eventual ratificación por el Congreso no ha «llegado ni al pleno siquiera» y, por ese motivo, reiteró su exigencia de que se reconsidere la decisión.
«Lo que estamos pidiendo es que lo reconsideren, que llegue al pleno, dejarlo ahí y que el nuevo Congreso lo retome y analice bien», acotó al recordar que el actual Legislativo peruano terminará sus funciones el próximo 28 de julio.
Cauper sostuvo que existe «mucha desinformación de alto nivel» sobre el Acuerdo e Escazú, además de «mucha contracampaña de parte del empresariado» contra la entrada en vigencia de este tratado.
«Lo que queremos en el país es que los estándares internacionales del tema ambiental, y de la justicia ambiental, exijan el cumplimiento de las reglas claras a las empresas», afirmó.
PUEBLOS VULNERABLES
El presidente de Aidesep también invitó al congresista Trujillo para que visite la Amazonía y compruebe que la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas «se ha visibilizado en plena pandemia», cuando asesinaron «a cuatro hermanos indígenas por la defensa territorial, por tráfico de tierras».
Aunque denunció que siguen recibiendo amenazas, Cauper dijo que no van «a permitir que, atrás de grandes actividades ilícitas, la economía ilegal que ingresa amenace los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y los derechos humanos».
Tras reiterar que las organizaciones indígenas están «buscando mecanismos» para apelar la decisión de la comisión del Congreso dijo que también estudiarán «presentar algún mecanismo ante las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos».
PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN
Después de que la Comisión de Exteriores decidiera archivar la propuesta de ratificación del acuerdo con 9 votos a favor y 3 en contra, el congresista Guillermo Aliaga, del partido centrista Somos Perú, presentó una solicitud de reconsideración de esa medida.
Aliaga pidió que en la próxima sesión de la comisión se vote su pedido porque, según dijo, «se trata de un tema vital para la defensa del medio ambiente y la calidad de vida» de las «futuras generaciones» de peruanos.
En ese sentido, Aliaga también suscribió, junto con el legislador liberal Alberto de Belaunde y el izquierdista Absalón Montoya un dictamen en minoría a favor de la ratificación del acuerdo.
A su turno, la Defensoría del Pueblo «lamentó» el rechazo «a la aprobación de una norma internacional para proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas y a los defensores ambientales».
La Defensoría señaló que el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú «debe ser debatido y aprobado por el próximo Parlamento» para lograr «el desarrollo sostenible» de Perú.
David Blanco Bonilla
