Ciudad de México, 12 may (EFE).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México anunció este miércoles que impugnará el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que recopila los datos biométricos de las personas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pleno del organismo autónomo acordó presentar una controversia constitucional en la SCJN contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, promulgada en abril, que crea el padrón con los datos biométricos de los usuarios, con información como la huella digital y el iris.
Aunque la nueva legislación contempla que el IFT debe emitir el reglamento del padrón, el órgano argumentó «que no podría destinar en este momento recursos al PANAUT» porque el presupuesto aprobado por el Congreso para 2021 no contempla «recursos para poner en marcha dicho registro».
«Dicho mandato legislativo configura una afectación directa a una garantía institucional de este órgano autónomo prevista en la Constitución, la cual establece que este instituto es independiente en sus decisiones y funcionamiento», aseguró en un comunicado.
La reforma causa polémica porque los concesionarios y el Gobierno dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos biométricos en un plazo de dos años para líneas preexistentes y de seis meses para nuevas líneas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), han defendido el padrón con el argumento que combatirá las extorsiones y al crimen organizado.
Pero la reforma está suspendida de forma indefinida desde el 27 de abril por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que considera que la norma «viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos».
La controversia constitucional del IFT se suma a una acción de constitucionalidad que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el 27 de abril.
El órgano de telecomunicación también consideró que la reforma «podría contraponerse» con el artículo 6 de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de información, y al artículo 7, de la libertad de difusión.
La reforma podría dejar a 30 millones de mexicanos sin acceso a un celular, en particular a personas de bajos ingresos, estimó este martes la firma Digital Policy & Law Group.
En tanto, la asociación de seguridad ciudadana Causa en Común, ha señalado que solo otros 17 países de corte «autoritario», como Venezuela, China, Nigeria o Pakistán, exigen los biométricos a los usuarios.
