Río de Janeiro, 22 feb (EFE).- Unas 500 empresas mineras, entre ellas nueve gigantes, pidieron al Gobierno de Jair Bolsonaro permiso para extraer oro y otros metales de la Amazonía brasileña, en un área similar al tamaño de Cuba, una acción que afectaría a varias reservas indígenas, según un estudio divulgado este martes por varias ONG.
En total, 261 territorios indígenas se verían afectados con la actividad, de acuerdo con la investigación adelantada por la Articulación de los Pueblos Indígenas do Brasil (Apib) y la organización Amazon Watch.
El estudio señala que para el 5 de noviembre de 2021 había 2.478 solicitudes de 570 empresas, asociaciones y cooperativas, para efectuar actividades mineras en 10,1 millones de hectáreas de la selva.
De ese total, 225 son requerimientos de la brasileña Vale, las británicas Anglo American y Rio Tinto, las canadienses Belo Sun y Potássio do Brasil, las peruanas Mineração Taboca y Mamoré Mineração e Metalurgia (ambas del Grupo Minsur), la suiza Glencore y la sudafricana AngloGold.
Aunque algunas de las gigantes mineras como la Vale y la Anglo American señalaron públicamente haber desistido de realizar excavaciones en territorios indígenas, muchas de las solicitudes continúan activas en el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM, regulador), y «en algunos casos, incluso han aumentado», según el comunicado divulgado por la APIB.
«Es necesario un entendimiento general de que estas áreas no están disponibles para la exploración minera, ni deberían estarlo, tanto por el respeto al derecho constitucional de los pueblos indígenas y a la libre determinación sobre sus territorios, como por su importancia para combatir el cambio climático», señaló Dinaman Tuxá, de la coordinación ejecutiva de Apib, citada en un comunicado.
La investigación también detalla, en estudios de caso, los impactos y violaciones de derechos realizados por cinco de estas empresas mineras (Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio do Brasil y Mineração Taboca), que van desde la invasión de territorios tradicionales hasta la contaminación por metales pesados sin realizar siquiera consultas previas con los pueblos indígenas.
Según el documento, casi la mitad de los requerimientos (1.085) son para buscar oro, un metal cuyas ventas en el exterior se han expandido en los últimos años, aunque buena parte del mismo es de origen «sospechoso».
Una investigación del Instituto Escolhas divulgada dos semanas atrás reveló que entre 2015 y 2020 Brasil vendió 229 toneladas de oro que provino de territorios indígenas o reservas ambientales en la Amazonía, en donde este tipo de actividad es prohibida, pero donde es realizada de forma ilegal.
La más extensa selva tropical del planeta concentra el 72 % de la extracción minera del país y de ese total, el 67 % corresponde al «garimpo», como se conoce a la minería artesanal, que es practicado principalmente en las áreas de conservación ambiental.
Para los expertos, los «garimpos» son organizaciones ilegales que están lejos de operar en escala artesanal o rudimentaria, ya que lo hacen con maquinaria pesada y sofisticada.
La minería ilegal y el comercio ilícito de madera son las principales causantes de la deforestación de la Amazonía en Brasil, que en 2021 perdió 13.235 kilómetros cuadrados de vegetación, la más extensa área degradada en los últimos 15 años.
Esta situación es atribuida por los ecologistas a la flexibilización de las medidas de control y fiscalización que se han dado durante el mandato del líder ultraderechista, que defiende la explotación económica de la Amazonía y el fin de la demarcación de nuevas reservas indígenas.
