México, 1 mar (EFE).- El responsable de la mexicana Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, compareció este lunes en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en un informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019, pero sus justificaciones dividieron a los partidos.
El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los diputados, fue el sobrecoste del 232 % que el organismo atribuyó a la cancelación del que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, un proyecto que frenó el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
«La ASF no confronta y mucho menos enfrenta a nadie, a ningún orden de Gobierno y a ningún Gobierno. Son informes sobre el destino de sus aportaciones a los mexicanos», argumentó Colmenares, muy discutido desde que ese informe, en el que reconoció inconsistencias, desatara un tsunami político iniciado por el presidente.
El Gobierno aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75 % de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto.
El responsable de la ASF detalló este lunes que ha creado un «grupo de trabajo» al que se ha invitado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para conseguir «resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente».
La Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.
En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una obra iniciada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232 % mayor a lo previsto por el Gobierno, al ascender a más de 331.996 millones de pesos (unos 16.252 millones de dólares).
Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración.
Las explicaciones del responsable de la ASF dividieron a los partidos, en un primer día de comparecencia que precederá a mesas de trabajo más concretas con otros auditores implicados.
«Nosotros seguimos teniendo la convicción de que es el principal indicado para cumplir con la alta responsabilidad que se le encomendó», destacó en el primer turno de réplica la diputada Nayeli Ferández, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
«El informe destapó la realidad de la corrupción del país y de malos manejos de los recursos de los ciudadanos. Demostró en las 1.400 auditorías realizadas que la administración de los recursos era opaca», acusó Jorge Casarrubias, del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Casarrubias dijo que con el cuestionamiento del informe protagonizada por el Gobierno hay una «injerencia política» por parte de López Obrador que «embiste la autonomía de la ASF».
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) Ruth Salinas dijo que los mexicanos merecen «estar convencidos de que la ASF realiza su trabajo sin presiones políticas, ya sea del presidente o de cualquier otro funcionario».
Por su parte, la diputada del derechista Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que López Obrador «quiere controlar bajo amenaza» a los auditores.
