Brasilia, 20 ago (EFE).- La Cámara de Diputados atendió este jueves una petición del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y mantuvo el veto que el jefe del Estado había impuesto sobre un dispositivo que permitía la concesión de aumentos salariales para funcionarios públicos en 2021.
Tras un acalorado debate y negociaciones que se prolongaron por varias horas, el pleno de la Cámara Baja mantuvo el veto del jefe del Estado por 316 votos a favor, 165 en contra y 2 abstenciones.
La decisión de los diputados revirtió una votación el miércoles por la que el Senado derribó el veto del líder ultraderechista, dejó abierta la posibilidad de aumentos salariales para los funcionarios el próximo año y provocó turbulencias en el mercado financiero.
La votación del pleno de la Cámara es la última instancia por lo que garantiza la prohibición de cualquier aumento salarial el próximo año para funcionarios del Gobierno federal, de los regionales o de los municipales.
El veto a los ajustes salariales fue la contrapartida impuesta por el Ejecutivo a una ley aprobada por el Congreso y que prevé el repase de 60.000 millones de reales (unos 10.910 millones de dólares) de recursos del Gobierno federal a las administraciones regionales y municipales para financiar medidas de combate a la pandemia del coronavirus.
Tras la votación del Senado, el propio mandatario encabezó una reacción y alertó que la decisión dificulta la gobernabilidad, amenaza el cumplimiento del ajuste fiscal y espanta las inversiones en el país.
«Así es imposible gobernar», se quejó el líder ultraderechista al pedir a la Cámara revertir lo decidido por el Senado.
Según el Gobierno, la emergencia generada por la pandemia, que ya ha dejado en el país más de 112.000 muertos y 3,5 millones de casos, ha demandado gastos extraordinarios que acentúan un ya agudo déficit fiscal e impide la aprobación de nuevos aumentos salariales.
«Eso tendría un impacto de 120.000 millones de reales (21.820 millones de dólares) en los presupuestos», dijo Bolsonaro, citando una cifra que es equivalente a la meta para el déficit que el Gobierno se había impuesto para las cuentas públicas este año.
Esa previsión de déficit, sin embargo, se multiplicó por seis en virtud de los gastos extraordinarios en el área de salud impuestos por la pandemia.
La decisión del Senado, por lo mismo, fue duramente criticada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, quien la calificó como «una pésima señal» a los inversores y «un crimen contra el país».
El Gobierno movilizó este jueves a sus aliados en la Cámara de Diputados para intentar revertir la decisión del Senado y ganó el respaldo hasta del presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, quien defendió enfáticamente el veto.
«No es posible que, con más de 16 millones de contratos de trabajo provisionalmente suspendidos en el sector privado y casi dos millones de desempleados dejados por la pandemia, no le podamos mostrar a millones de brasileños que el servicio público también hará un sacrificio», afirmó poco antes de la votación.
