Lima, 14 dic (EFE).- La conflictividad social se ha incrementado de manera sostenida en Perú hasta alcanzar más de 220 casos en la actualidad, la cifra más alta en los últimos 7 años en el país andino, se informó este jueves durante la presentación del 33 Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).
Según el documento, que fue presentado en Lima por las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz, más de 60 % de los conflictos corresponden a la categoría socioambiental y el 67 % de estos últimos está vinculado con la minería.
Al respecto, el investigador de CooperAcción José de Echave comentó que «este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva, que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre» pasado.
Añadió que el 42 % de los conflictos se encuentran en el norte del país, el 34 % en el sur y el 20 % en el centro.
«Son cifras de la Defensoría (del Pueblo) que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificó los conflictos», remarcó.
De acuerdo con el Observatorio, en los últimos meses algunos conflictos «pasaron de latentes a activos», mientras que la minería ilegal «se ha expandido peligrosamente» a zonas de frontera como la Cordillera del Cóndor y el río Cenepa, en el límite con Ecuador; y en el río Putumayo, con Colombia.
Según estimaciones de la organización, la minería ilegal e informal ocupa alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el país, mientras que las concesiones mineras formales llegan a cerca de 20 millones de hectáreas.
En ese sentido, la subdirectora de CooperAcción, Ana Leyva, dijo que entre los factores detrás de la expansión de la minería ilegal está la ausencia del Estado que, según sostuvo, se agudizó durante la pandemia.
«Es necesario un control de la cadena de suministros que ahora nadie controla. No es solo ver a los mineros, también es necesario identificar a los que les facilitan los instrumentos para su actividad ilegal», comentó.
Por su parte, la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Mirtha Villanueva, indicó que para hacer frente al avance de la minería ilegal e informal es importante fortalecer a las organizaciones sociales de base, ya que las mujeres y niños son los más afectados con esa actividad ilegal.
El informe también se refirió al déficit hídrico que amenaza a diversas localidades del país y recordó que el pasado 19 de septiembre el Ejecutivo declaró en emergencia, por 60 días, a 544 distritos de 14 departamentos por este motivo.
Leyva cuestionó que, a pesar de haber tomado esta medida, el Gobierno apoya la ejecución del proyecto de la mina Ariana que, según remarcan los organismos, se realiza «sobre la zona productora de agua más importante para Lima y Callao», lo que «pondría en riesgo la distribución de agua potable para casi 11 millones de personas».
El director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velasco, mencionó, además, la «persistente controversia» vinculada con el proyecto minero Río Blanco, en la región norteña de Piura, que, según dijo, es impulsado por el Gobierno a pesar de la ausencia de licencia social.
El representante consideró que, de salir adelante este proyecto, que tiene una inversión calculada de 2.400 millones de dólares, «se afectarían cabeceras de cuenca y colchones acuíferos, perjudicando el desarrollo económico de los lugareños basado en la agricultura o el turismo».
