Lima, 4 feb (EFE).- Un proyecto de ley que propone declarar «de interés nacional» la creación de una aerolínea de bandera en Perú, con financiación estatal, ha generado controversia y rechazo de los sectores vinculados a esta actividad.
Según sus promotores, la finalidad del proyecto, aprobado este miércoles por la Comisión de Transportes del Congreso, es promover la inversión pública para la creación de una línea aérea peruana con tarifas a bajo costo, en un mercado aerocomercial abierto y de libre competencia, en rutas nacionales y del extranjero.
La última línea de bandera en el país fue AeroPerú, una compañía que fue privatizada durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) como parte de una estrategia para desvincular al Estado de una serie de actividades comerciales.
CAPITAL 100 % ESTATAL
El texto plantea que se declare de interés nacional y de preferente necesidad pública la creación de la Línea Aérea de Bandera del Perú (ALPERU) para la prestación de servicios de transporte aéreo regular y no regular de pasajeros y carga, en el ámbito nacional e internacional.
«El capital social de ALPERU será determinado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) previo estudio y análisis técnico de especialistas aeronáuticos y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones», precisa el proyecto presentado por la bancada opositora del partido Acción Popular (AP).
Además, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) constituirá la partida con el capital inicial de la aerolínea y que «la inversión nacional será el 100 % del capital social público».
Conocida la aprobación del proyecto se manifestaron los principales gremios empresariales para pedir que se deseche esta propuesta por falta de una justificación técnica.
INCONSTITUCIONALIDAD
La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) criticó, en un comunicado, la aprobación del proyecto «en medio de una crisis sanitaria, en donde el país exige que todos los fondos sean utilizados para superar la crisis generada por el covid-19».
Además, recordó las «experiencias fallidas de AeroPerú, Tans y aerolíneas estatales de la región», entre los antecedentes negativos para una empresa de este tipo, y el hecho de que no se haya tomado en cuenta las opiniones contrarias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre otras entidades.
La AETAI calificó al proyecto como «anticompetitivo e inconstitucional», además de asegurar que generará sobrecostos que deberán ser pagados por los ciudadanos.
LEJOS DE LA PROPUESTA ORIGINAL
La propuesta se basó en un libro de Julián Palacín, experto en derecho aeronáutico y expresidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), quien planteaba una asociación público privada para la aerolínea de bandera.
Palacín explicó a Efe que intervino como asesor en el predictámen del proyecto, donde planteaba «que el Estado tenga 20 % y que el capital privado tenga 80 %», pero con las observaciones recibidas en los debates de la comisión se modificó hacia una fórmula que lo convirtió en 100 % estatal, con la cual no está de acuerdo.
«Mi posición jurídica es que sea una asociación público privada eso es lo que yo recomendé, (…) pero en la aprobación me la convirtieron en una empresa 100 % estatal, y eso yo no creo que pase el pleno del Congreso», expresó el abogado.
CRITICAN DOMINIO DE LATAM
Palacín defendió su propuesta original debido a que «en el espacio aéreo peruano se ejerce un cuasimonopolio a favor de (la empresa chilena) Latam, que tiene las preferencias de las rutas nacionales peruanas, que en 20 años han facturado 10.000 o 15.000 millones de dólares, y no ha invertido en el Perú».
«Lo mismo que Latam, (la firma colombiana) Avianca tampoco invirtió nada en el Perú y se fue, y ni siquiera ha dejado garantías para pagar los derechos laborales de los trabajadores», añadió en alusión al cierre de operaciones de esa empresa en el país.
El proyecto deberá ser discutido ahora por el pleno del Congreso, que decidirá si lo aprueba o lo archiva, mientras que el ministro de del Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, adelantó que el Ejecutivo no esta de acuerdo con este tipo de iniciativas ante la crisis económica que afronta el país.
