Ciudad de Guatemala, 30 mar (EFE).- El 31 de marzo de 2012, hace una década, tres estudiantes de una universidad privada de Guatemala perdieron la vida durante una excursión a una mina en el noreste de Guatemala. Desde entonces, sus familias han luchado incansablemente en busca de justicia y por conocer la verdad sobre su muerte.
Los últimos 10 años han sido duros para las familias de Ángel de León Palacios, Nahomy Lara Orellana y Juan Carlos Velásquez Marroquín, tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (privada) que murieron en dudosas circunstancias durante una excursión para observar lagartos en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)
Aquel día, el 31 de marzo de 2012, los tres estudiantes de la carrera de biología, amantes de la naturaleza, emprendieron un paseo nocturno acuático en un bote, planificado con un biólogo de la mina, Lemuel Valle, para la observación de lagartos, pero solamente Valle volvió con vida.
«Las familias hemos vivido un largo camino de lucha por la vía legal y también en la lucha en lo emocional. Son 10 años de no tener a nuestros hijos, de ausencia y tristeza», relata el padre de Ángel de León Palacios, Rodolfo de León, en una entrevista con Efe.
EL DÍA DE LA EXCURSIÓN
De León Palacios, Lara Orellana y Velásquez Marroquín visitaron las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel el 31 de marzo de 2012 junto a otros compañeros universitarios en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.
El objetivo de la excursión obligatoria a CGN en Izabal era variado para los estudiantes, con diversas actividades para distintos grupos, y no era la primera vez que se llevaba a cabo.
Los tres alumnos de biología partieron para el observatorio de lagartos junto al empleado de la mina, Lemuel Valle, en un pequeño bote también propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, para adentrarse en un camino pantanoso que conecta con el lago de Izabal, ubicado en la región.
Tras casi cuatro horas desde su partida, Valle volvió sin los estudiantes y dijo que se habían caído del bote, sin poder encontrarlos.
Con ese testimonio inició el calvario para las familias de De Léon Palacios, Lara Orellana y Velásquez Marroquín, en busca de la verdad.
Tras varias horas aparecieron los cuerpos de los estudiantes, en dos lugares distintos, y también muchísimas interrogantes para los familiares, pues Valle aseguró que el bote había volcado por culpa de uno de ellos.
Sin embargo, las versiones del empleado de la mina fueron variando con el paso de los meses y de los años, mientras crecían las dudas en los familiares, especialmente porque había algunos golpes verificados por estudios científicos en las cabezas de Ángel y Juan Carlos.
«Dentro de las teorías que manejamos, en cuanto al motivo por el cual nuestros hijos fueron asesinados, es que como padre una corazonada me dice que alguien le hizo algo a Nahomy, y Juan Carlos y Ángel la defendieron», sostiene Rodolfo de León.
Ello debido a «la forma en que manipularon los cuerpos y la realización de las autopsias», ya que «hubo manipulación» en la autopsia de Nahomy Lara, realizada de manera extremadamente rápida.
«No le hicieron las pruebas que usualmente se hacen en caso de violación como raspado de uñas y otras cosas que debieron haber hecho», añadió De León.
LA BATALLA LEGAL
Además del dolor emocional, las familias también han sido víctimas del débil sistema judicial guatemalteco.
«Hemos sufrido un desgaste aunado por el proceso judicial, por haber vivido tanta impunidad en Guatemala. Ver que compran jueces y que compran magistrados ha sido muy difícil», explica De León.
En 2019, tras siete años de lucha judicial, Valle fue declarado culpable en un tribunal de Izabal por imprudencia en la muerte de los estudiantes y condenado a cinco años de prisión conmutables por el pago de alrededor de 3.700 dólares.
En cuanto a la Compañía Guatemalteca de Níquel, el tribunal los declaró responsables civiles y les ordenó una indemnización que ronda los seis millones de dólares.
Sin embargo, ambas sentencias fueron revocadas por una Sala de Apelaciones de Izabal y el caso se mantiene en un Tribunal de Casación de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.
«En la cámara de apelaciones decidieron quitar toda la validez probatoria a todas las evidencias que tanto costaron aportar al proceso. Lo cual no les compete a ellos», explica De León, quien detalla que «botaron la sentencia sin ningún criterio técnico y base legal».
«Vivimos en este país donde intereses económicos, intereses extranjeros vienen acá y contaminan, matan, roban, sobornan y compran autoridades. Y el resultado es ese, que la población sufre un gran daño», subraya el padre de Ángel de León.
Ahora también existe una «demanda penal» en contra del profesor a cargo de la excursión, Arnoldo Font Nájera, a quien «la Universidad del Valle sacó de Guatemala después de que nuestros hijos fallecieron» y «lo mandaron a Polonia».
«Uno se cuestiona: ¿Qué pasa acá en Guatemala? Hay un pequeño grupo que maneja el país, que actúa de manera tan corrupta, tan injusta», se pregunta el padre de familia.
Precisamente en marzo de este año, una investigación internacional periodística por parte del consorcio Forbidden Stories divulgó con documentos el pago de sobornos a funcionarios locales y contaminación de ríos en Guatemala durante los últimos años por parte de la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), actualmente subsidiaria de la firma suiza Solway Investment.
En medio del dolor, De León tiene una mirada de esperanza porque en estos diez años de proceso legal han conocido a «muchísima» gente que los ha auxiliado, así como abogados y jueces interesados en la justicia y en la verdad.
«En Guatemala hay que quedarse y luchar para que esto mejore», enfatizó.
José Carlos Móvil
