Lima, 8 jun (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió este miércoles al Gobierno del país andino que aclare su rol en la negociación en el conflicto de la gran mina de cobre Las Bambas, paralizada desde abril por protestas.
«¿Mediación o una simple participación como oyente o veedor?», se preguntó Cabrejos, en su cuenta de Twitter, después de recibir la solicitud del mandatario Pedro Castillo el pasado viernes.
El obispo peruano añadió que, «si es solo para acompañar un proceso, tiene poco sentido» su participación.
En tal sentido, recordó que si se quiere buscar una solución, como en el 2019 en el mismo yacimiento de cobre, la CEP tiene que tener «un rol independiente y presidiendo la mesa de diálogo» que promueve el Ejecutivo con la minera china MMG, operadora de Las Bambas, y las seis comunidades campesinas que residen en la zona y han paralizado las operaciones con sus protestas.
«La Iglesia no es parte ni del Gobierno ni de la minera ni de los comuneros», subrayó Cabrejos.
Precisamente, este miércoles, una delegación del Gobierno, formada por varios ministros, viajó a la región de Apurímac para organizar la instalación de una mesa de diálogo que permita restablecer las operaciones del yacimiento, responsable de la producción del 2 % del cobre a nivel mundial, y que se atiendan los compromisos incumplidos que reclaman los pobladores.
El pasado 14 de abril, los pobladores de seis comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, tomaron el yacimiento para protestar sobre sus derechos y una serie de supuestos compromisos incumplidos por parte de la empresa gestora de la mina MMG.
La semana pasada, representantes de los manifestantes se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tras lo cual éste declaró que el Ejecutivo ha hecho «todos los esfuerzos posibles para que los comuneros levanten las medidas de fuerza, pero ellos no quieren», lo que indignó a los manifestantes.
El primer ministro explicó a los diferentes representantes que existen ciertas demandas de las comunidades que no son competencia del Gobierno y que lo importante, además de encontrar una solución, es «evitar desenlaces fatales».
Las comunidades afirman que han retornado a sus territorios comunales ancestrales, que vendieron a la minera Xstrata hace diez años, antes del ingreso de la china MMG a la operación, porque hay, al menos, 126 compromisos de desarrollo social incumplidos hasta la fecha.
Además, reclaman la entrega de 180 hectáreas de tierra para uso agrícola y rechazan que las comunidades de Chila y Choaquere hayan sido excluidas del área de influencia, después de haber vendido sus terrenos para la operación de Las Bambas.
En medio de este clima de protestas y paralización de la mina, congresistas del partido oficialista Perú Libre presentaron un proyecto de ley para nacionalizar la exploración y explotación de cobre en el país, y crear una empresa nacional en Las Bambas.
