Lima, 12 mar (EFE).- La frustración persiste en la comunidad indígena de Santa Clara de Uchunya, en la Amazonía peruana, después de que el organismo internacional supervisor del aceite de palma fuera incapaz de vetar la producción de las 7.000 hectáreas de plantaciones que han arrasado su territorio sin su consentimiento.
Desde 2015, la comunidad nativa busca recuperar el espacio de su territorio ocupado ahora por la empresa Ocho Sur (antes Plantaciones de Pucallpa) después de que una serie de invasores, presuntos traficantes de tierra, vendieran parte del territorio nativo para implantar estos cultivos extensivos de palma aceitera.
Las quejas presentadas a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) se han saldado hasta ahora con meras exhortaciones, lamentaron la comunidad y las organizaciones que la respaldan en un comunicado remitido este viernes a la Agencia Efe.
Puesto que Ocho Sur no forma parte de la RSPO, Santa Clara de Uchunya, habitada por indígenas de la etnia shipibo-konibo en la amazónica región de Ucayali, quiere impedir que las cosechas de Ocho Sur lleguen a empresas de la cadena de producción del aceite de palma que sí tienen la certificación de este organismo.
La comunidad denunció a Olpesa por presuntamente adquirir racimos de fruta fresca de palma de la plantación de Ocho Sur, que opera dentro del territorio indígena sin permisos ambientales ni un estudio de impacto ambiental ni tampoco el permiso de los nativos, que denuncian además violaciones a los derechos humanos.
QUEJAS DESESTIMADAS
Sin embargo, en su reciente decisión sobre este caso, la RSPO no aplicó sus principios y criterios sobre Olpesa por considerarla un «molino independiente» y solo contempló los estándares de certificación de la cadena de suministro (SCC), por lo que desestimó las quejas de la comunidad.
La única medida contra Olpesa fue exhortarle a publicar la procedencia de los racimos de fruta de palma que adquiere, algo que hasta ahora todavía no hace.
«La RSPO no tiene eficacia en sus acciones en la comunidad. Si dice que no puede hacer nada porque Olpesa es una planta independiente, entonces… ¿para qué está la RSPO?», se preguntó el jefe de la comunidad nativa, Efer Silvano.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), Miguel Guimaraes, consideró que «la RSPO debe emitir una prohibición clara contra la adquisición de palma de plantaciones que han encontrado operando en violación de sus estándares».
«Desde que presentamos esta queja hace dos años, Ocho Sur ha ido construyendo su propia planta extractora para procesar la palma que sale de nuestras tierras indígenas sin nuestro consentimiento», relató Guimaraes.
UN ORGANISMO «DÉBIL»
Asimismo, el especialista legal del Instituto Defensa Legal (IDL), Álvaro Másquez, resaltó que «esta decisión refleja las profundas debilidades en el sistema de certificación de aceite de palma de la RSPO, sobre todo para aquellas empresas que procesan o compran el fruto».
«Si la RSPO quiere tener credibilidad en Perú, en un contexto donde la expansión de la palma aceitera ha sido duramente criticada por violar los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, tiene que cerrar estas brechas con urgencia», dijo Másquez sobre este organismo con sede en Malasia.
Por último, el coordinador del programa de Forest Peoples Programme (FPP) en Perú, Tom Younger, apuntó que «los estándares de la RSPO necesitan ser fortalecidos urgentemente para que las empresas no comercien ni procesen frutas y aceites de palma de plantaciones que operan de forma ilegal, violan derechos humanos, acaparan las tierras indígenas y destruyen los bosques».
Hasta ahora está pendiente que el Tribunal Constitucional de Perú se pronuncie por una demanda de amparo presentada por la comunidad para anular los contratos de los posesionarios rurales que vendieron los terrenos a la empresa y así restituir las 7.000 hectáreas a la comunidad.
