Lima, 12 jun (EFE).- La mancha del trabajo infantil, presente en toda América Latina, se expandió aún más como consecuencia del empobrecimiento y el deterioro económico social causado por la pandemia. Hoy en día es una de las violaciones a los derechos humanos más amenazadoras para el futuro de la región, especialmente por el menoscabo en la educación de los menores, según una investigación hecha por EFE con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
El confinamiento redujo los ingresos de muchos hogares. El hambre y las múltiples necesidades empujaron a millones de familias a salir a la calle, en muchos casos acompañadas de menores obligados a trabajar para suplir las carencias de bienes básicos.
«La pandemia ha afectado mucho a las familias. En 2021 hubo un incremento significativo de niños y niñas que entraron a trabajar», explica a EFE la directora del área de calidad impacto de programas de la ONG Save the Children en Perú, Nelly Claux.
Esa situación de pobreza «hace que desde muy temprana edad los niños participen de la búsqueda de recursos», agrega.
En Perú, donde es legal trabajar a partir de los catorce años en condiciones dignas, «una cuarta parte de la población infantil y de los adolescentes trabajan», aunque no siempre sea «en las peores formas de trabajo». La mayoría estudia y trabaja a la vez, pero hay un 5 % que se dedica exclusivamente a laborar.
En esas circunstancias, es habitual «la acumulación de dinero por terceras personas que emplean niños», señala Nelly Claux, quien denuncia que es muy frecuente encontrar a menores trabajando en la minería ilegal, una de las actividades laborales más peligrosas, o «niñas que desde temprana edad realizan labores domésticas en casas de terceros donde muchas veces son explotadas».
Perú «es el reino del trabajo informal», asegura la portavoz de Save the Children.
MÉXICO, EN SEGUNDO LUGAR
México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil estimó que de los 28,5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en México, 3,3 millones trabajaban, de los cuales dos millones trabajan en ocupaciones no permitidas y 1,2 millones realizan trabajo clasificado como peligroso.
El 31,6 % de los niños mexicanos que trabajan apoyan en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, 24,5 % en la minería, construcción e industria, y 14 % en comercio, ventas y agentes de ventas principalmente.
En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de quince años. Además el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a los países a incluir leyes y regulaciones contra el trabajo infantil y prohíbe las importaciones de productos elaborados por niñas y niños.
CENTROAMÉRICA, UN PANORAMA ABRUMADOR
La situación no es mucho mejor en Centroamérica. En Guatemala, por ejemplo, alrededor de 900.000 menores, el 17 % del total, trabajan pese a no haber cumplido los 18 años, el 60 % en zonas rurales. El resto lo hace en industria manufacturera, hostelería, restaurantes y comercio, según datos oficiales.
Los niños indígenas de siete a catorce años representan el 56 % de la población infantil guatemalteca que trabaja, según la última Encuesta Nacional de Empleo, de 2017.
En Nicaragua, en tanto, hace once años que las autoridades no presentan cifras oficiales. Las últimas estadísticas, de 2012, indicaban que había 396.118 niños trabajadores en Nicaragua, un país de 6,7 millones de habitantes.
Nicaragua ha ratificado todas las convenciones internacionales importantes sobre el trabajo infantil, incluyendo el Convenio sobre la Edad Mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Pero según Humanium, una ONG internacional comprometida en la lucha contra la violación de los derechos infantiles, los niños nicaragüenses siguen estando sujetos a las peores formas de trabajo infantil, incluido el turismo sexual.
El panorama no es más alentador en El Salvador, donde según datos oficiales, trabajan 81.164 menores, el 6,1 % del total, fundamentalmente varones del área rural, y 58.007 hacen un trabajo peligroso. Y además, el 40 % no asiste a la escuela.
En Honduras, antes de la pandemia había 475.000 niños y niñas trabajando, un tercio de ellos en el campo. Hoy esa cifra se ha duplicado, señala a EFE el portavoz de Unicef, Héctor Espinal. Además de expulsarlos de la escuela, la pandemia los empujó a «trabajar para poder sobrevivir».
EN BRASIL, CADA VEZ HAY MÁS NIÑOS TRABAJANDO
En 2019 había en Brasil dos millones de niños y adolescentes de entre 5 y 16 años que trabajaban, según cifras oficiales.
«Es lamentable que el trabajo infantil en Brasil comienza muchas veces a los cinco años y cada vez vemos más niños en esas condiciones», la mayoría de ellos «negros e indígenas», denuncia a EFE Dennis Larsen, coordinador de Unicef en el nordeste del país, una de las regiones más pobres.
Por ello, el nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está revisando el Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Adolescente Trabajador, lanzado en 2019 por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La ONG Andi, que actúa en el combate al trabajo infantil, indicó que apenas 1.900 menores fueron retirados del mercado laboral en 2022. Las denuncias recibidas por la Fiscalía del Trabajo ese año ascendieron a 2.500, un 65 % más que en el periodo anterior.
PARAGUAY Y BOLIVIA, LA BRECHA CRECE
En Paraguay, según una encuesta oficial que en 2011 registró la actividad infantil y juvenil, había ese año 1.880.109 niños y adolescentes de 5 a 17 años, lo que representaba el 40,8 % de la población. Y el 22,4 % de ellos trabajaban.
Por su parte en Bolivia, donde tampoco hay datos posteriores a la pandemia, unos 724.000 menores de entre 5 y 17 años ejercían una actividad ante un empleador o colaboran en labores económicas familiares o comunitarias, según una encuesta oficial de 2019. Un 41 % de estos niños y adolescentes lo hacía en condiciones peligrosas, prohibidas e insalubres.
En 2022, la Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó de que el Estado «vulnera el derecho a la protección» de los niños y adolescentes trabajadores, por no desarrollar planes y programas para evitar vulneraciones laborales.
Un panorama que se repite en muchos países de América Latina, donde el agravamiento de la pobreza tras la pandemia está suponiendo un retroceso en la lucha contra el trabajo infantil. EFE
