Ciudad de Panamá, 20 may (EFE).- Una «moratoria total» es la vía que propone el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) para la minería en Panamá, una actividad abocada al «fracaso» cuya regulación y marco jurídico necesita una actualización urgente para garantizar una práctica social y ambiental sustentable.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, agobiando por la fuerte crisis económica derivada de la pandemia en curso, está apostando fuerte a la minería pero, al igual que administraciones anteriores, lo hace «eludiendo las implicaciones ambientales y sociales» de esta actividad, dijo en una entrevista con Efe Isaías Ramos, biólogo de la CIAM.
El futuro de la minería en Panamá «debe ser una moratoria total de la actividad, porque en Panamá la minería es un fracaso», aseguró el biólogo del CIAM, un ente fundado en el año 2007 por la sociedad civil para atender acciones legales de interés público en busca de justicia ambiental, como dice su página web.
Esta semana se conoció que el Gobierno habilitó unas 25.000 hectáreas para concesiones mineras en el centro y este del país, en zonas protegidas con una alta riqueza ambiental como el Corredor Biológico Mesoamericano.
Lo hizo mientras impulsa unas consultas para «crear una política minera», lo que demuestra que se trata de un «diálogo totalmente intrascendente» para las autoridades, en opinión de Ramos.
«Solo dicen (las autoridades) que se pone una cantidad de tierras en el mercado para que en el futuro los inversionistas apliquen, pero no mencionan que estas tierras tienen comunidades, ríos, ecosistemas y no consideran que están dentro de áreas protegidas», resaltó Ramos.
Parte de las 25.000 hectáreas habilitadas para la minería colindan con la concesión que explota la canadiense First Quantum Mineral, el proyecto Cobre Panamá, una de las minas a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que requirió una inversión superior a los 6.000 millones de dólares.
Esta concesión, primero propiedad de Minera Petaquilla y ahora de Minera Panamá, empresa de Firts Quantum, es objeto de una controversia legal, luego de que el Supremo respondiera en el 2018 un recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 por el CIAM.
El Supremo de Panamá declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997 «Por el cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla», pero First Quantum defiende que la sentencia no afecta a la concesión en sí misma.
«ES UN FRACASO»
La minería «es un fracaso», sentenció Ramos, que argumentó que esta actividad no tiene «sustento real» ni es «sostenible», y que seguir «apostando» por ella es continuar estancados «en la década de 1970».
«Cada vez que se ha argumentado que la minería deja en mejor situación al país y es parte de un modelo económico, funciona dos o tres años y luego fracasa estrepitosamente», explicó Ramos.
La frustración a largo plazo de esta actividad económica deja «una serie de pasivos ambientales y sociales que es la población panameña la que lo tiene que pagar: los desempleados, las tinas contaminadas, el manejo y sustitución de los materiales, el manejo del equipo abandonado».
«Entonces, ¿qué clase de ganancia tiene el país?», cuestionó.
Este fracaso reside en que es «un negocio que está sustentado en la variabilidad de los precios del mercado y no ha encontrado ni se tiene un sustento real en la actividad, tampoco es sostenible» (…) «las minas son un tipo de inversión especulativa, y la legislación panameña es muy débil», agregó.
MÁS CONCESIONES CONTRADICE EL DISCURSO AMBIENTAL DEL GOBIERNO
La decisión de aumentar las hectáreas para futuras concesiones mineras, una actividad «excluyente y que no permite otras», contradice con el reciente discurso ambientalista del Gobierno.
En un intento de reactividar el turismo, una de los sectores más golpeados por la pandemia, Panamá decidió apostar por un modelo amigable con el medio ambiente, basándose en actividades relacionadas con la naturaleza.
«No podemos decir que queremos minería y a la misma vez decir que queremos turismo de aves, ecológico, senderos, playa, exportaciones agropecuarias, desarrollar el agro, invertir en proyectos hídricos. Hay una falacia en el planteamiento económico», determinó el biólogo.
Ramos recordó que Panamá firmó «acuerdos de cambio climático», como el de Escazú, un tratado regional para proteger el medio ambiente, «y sin embargo toda la legislación que tiene que ver con sostenibilidad, es dejado de lado para garantizar una actividad económica muy local, poco sustentable, y exclusivamente contaminante».
