Quito, 31 may (EFE).- Con centenares de maquinarias pesadas que remueven vorazmente el subsuelo de los ríos de la Amazonía ecuatoriana en busca de oro, la minería ilegal e irregular crece como amenaza para la conservación de la selva amazónica de Ecuador al avanzar con una velocidad sin precedentes.
Su inusitado crecimiento ha sido exponencial, con al menos 1.660 hectáreas de selva devoradas en los 5 últimos años, según advierten los estudios realizados a través de imágenes satelitales por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Esta fiebre del oro despegó en 2015 y se disparó con la pandemia de covid-19, apuntaron a EFE desde la Fundación EcoCiencia, organización encargada del MAAP en Ecuador junto a Amazon Conservation, cuyos representantes ya han sido amenazados por las mafias de la minería ilegal y prefieren no revelar su identidad.
El Gobierno, en cambio, lo atribuye al poder económico del narcotráfico y, si bien existen focos en casi todo el país, hay cinco en la Amazonía que generan preocupación por su extensión o por estar dentro de reservas naturales.
Al sobrevolar estas zonas se aprecia cómo el manto verde de la selva desaparece en aquellos enclaves tomados por la minería para exhibir extensas superficies inertes, con múltiples agujeros donde se acumula el agua de la lluvia junto a residuos mineros altamente contaminantes como el mercurio.
Solo en el río Punino, entre las provincias de Orellana y Napo, se han identificado al menos 217 hectáreas deforestadas desde 2019, de acuerdo a los reportes del MAAP, pero la mayoría se perdió en 2022.
GOLPE EN PUNINO
Esta zona fue objeto de un gran operativo con policías y militares a inicios de mayo, cuando al irrumpir en el sector de Guayusa encontraron 34 excavadoras pesadas, que son las principales causantes de arrasar con el terreno.
Esas excavadoras no eran visibles en las imágenes satelitales de alta resolución porque los mineros las ocultan entre la vegetación, señalaron desde EcoCiencia, donde piensan que el número de máquinas puede ser mucho mayor.
«Hay una estructura muy grande con capacidad de operar maquinaria pesada y en gran número en estas zonas», indican sobre este lucrativo fenómeno, que se intuye ligado a otras redes del crimen organizado.
La intervención en Punino, donde no se logró capturar a ningún minero, fue una de las principales realizadas desde que el Gobierno declaró a la minería ilegal como una amenaza para el Estado.
«Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno en combatir esta actividad», aseveró en un comunicado la estatal Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), que en 2022 hizo 348 operativos contra la minería ilegal.
MIEDO EN COMUNIDADES
Aunque las máquinas fueron inutilizadas con explosivos, las comunidades aledañas afirman que los mineros, de origen colombiano, han regresado a Guayusa, pero declinan hablar en público por temor a represalias.
El colectivo Napo Resiste denunció esta semana que fueron hallados sin vida varios cuerpos en un campamento de minería ilegal del Coca, y «se sospecha que los asesinatos están relacionados con la minería ilegal».
Un operativo similar al de Punino logró a inicios de 2022 incautar más de cien máquinas y desalojar más de 700 mineros en Yutzupino, el principal enclave minero de la provincia de Napo, donde al menos 125 hectáreas han sido deforestadas desde octubre de 2021, de acuerdo a los reportes del MAAP.
«No nos retiraremos hasta ver a este lugar libre de minería ilegal», dijo en su momento la entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela, pero a los pocos meses las maquinarias regresaron y abrieron nuevos frentes sin autorización, como ha advertido Napo Resiste y el Frente Nacional Antiminero y como han comprobado los análisis del MAAP.
ENQUISTADA EN FRONTERA
La minería ilegal también afecta a la frontera de Ecuador con Perú, donde recientemente las autoridades peruanas destruyeron maquinarias ecuatorianas que estaban operando en territorio peruano.
Otro foco está en el Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, ubicado en la sureña provincia de Zamora Chinchipe, donde se ha documentado la deforestación de 545 hectáreas desde 2018.
Desde el MAAP también se ha advertido 257 hectáreas depredadas por minería desde 2021 en el territorio indígena Shuar Arutam, en la provincia de Morona Santiago; y 25 hectáreas desde 2019 dentro del Parque Nacional Podocarpus, un área donde a todas luces está prohibido cualquier tipo de minería.
A diferencia de otros países como Brasil, Perú o Venezuela, donde la minería ilegal escaló progresivamente, en Ecuador llegó «a un nivel muy fuerte», comentan desde EcoCiencia, ya que si bien no es la principal causa de deforestación de la Amazonía ecuatoriana, sí es con diferencia la más agresiva, destructiva y contaminante.
Fernando Gimeno
