Buenos Aires, 3 ago (EFE).- La provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, decidió extender hasta el 14 de agosto el plazo de adhesión para reestructurar su deuda bajo ley extranjera que había vencido el 31 de julio, informaron este lunes a Efe fuentes del Ministerio de Economía provincial.
Esta es la quinta vez en que el Gobierno provincial, a cargo del oficialista Axel Kicillof, posterga la fecha para acordar la reestructuración de bonos por 7.148 millones de dólares, a la espera de los resultados del canje de deuda soberana argentina que negocia el Ejecutivo nacional con los acreedores externos, cuyo plazo vence mañana martes.
«En este período continuaremos manteniendo conversaciones con los acreedores, a quienes les reiteramos el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulten sostenibles en el tiempo», señalaron las fuentes ministeriales bonaerenses.
La propuesta lanzada por la provincia de Buenos Aires a finales de abril, que proponía una quita de capital del 7 % y un período de gracia de tres años, fue rechazada por grandes grupos de acreedores liderados por fondos de inversión.
El distrito se encuentra desde mediados de mayo en un cese de pagos selectivo, tras incumplir un vencimiento de deuda por 110 millones de dólares correspondiente a bonos incluidos en la propuesta de reestructuración.
VENCE EL PLAZO PARA EL CANJE DE LA DEUDA NACIONAL
La decisión de Buenos Aires se conoció en vísperas de que este martes 4 de agosto venza el plazo de adhesión de la nueva oferta mejorada que presentó el Gobierno del presidente Alberto Fernández para reestructurar bonos por 66.238 millones de dólares.
La propuesta habría recibido hasta el momento un bajo nivel de adhesión, en torno al 35 ó 40 %, cuando necesita entre 66 y 85 %, según el tipo de bono, por lo que el Ejecutivo analiza anunciar una nueva prórroga o buscar otras alternativas.
Fernández reiteró en varias oportunidades que este es «el último y máximo» esfuerzo que puede hacer Argentina, que busca una solución sostenible al problema de la deuda en momentos en que el país se encuentra en una profunda crisis, con una recesión que arrastra desde hace más de dos años y se agravó por el impacto de la pandemia de coronavirus.
EL GOBIERNO EVALÚA OTRA SALIDA
El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló este fin de semana en declaraciones periodísticas que el Gobierno analiza otra salida.
«Consideramos que es mejor acordar con la oferta que hicimos que no acordar, pero como no vamos a ofrecer más, si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro. En ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional pero en las condiciones que necesitamos tener», señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
Guzmán subrayó que las dos alternativas son «esta oferta que muestra un gran esfuerzo y cerrar en ese valor, o que Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y, más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados», sostuvo el ministro en una entrevista con «Página/12».
La nueva oferta presentada por el Gobierno argentino en julio acerca posiciones con los acreedores, entre ellos poderosos fondos de inversión, pero aún continúan las diferencias.
La primera oferta lanzada en abril fue valorada en 40 dólares por cada 100 dólares de deuda a canjear, mientras que la última propuesta fue valorada en 53,5 dólares, más cerca de las aspiraciones de los tres principales grupos de acreedores.
Tres comités de acreedores, que aseguran tener un tercio de los títulos a reestructurar, lo suficiente como para bloquear cualquier intento de canje, por primera vez se alinearon, acordaron rechazar la propuesta argentina y presentaron días atrás una contraoferta conjunta, pero el Gobierno aseguró que no se moverá de su última propuesta.