Santiago de Chile, 13 ene (EFE).- Un grupo de diputados de la oposición chilena presentó este jueves un escrito en el que le solicita a la Contraloría investigar una polémica licitación del Gobierno que adjudicó esta semana 160.000 toneladas de litio a dos empresas privadas por un valor total de 121 millones de dólares.
«No vamos a permitir que el Gobierno regale este producto estratégico», esgrimió el diputado socialista Leonardo Soto, tras presentar la petición al ente autónomo.
El escrito, firmado por siete parlamentarios de izquierda, denuncia ilegalidades de tipo administrativo y procedimental en la licitación del litio que el Ejecutivo resolvió el miércoles, a dos meses del fin de mandato del conservador Sebastián Piñera.
«No puede ser que entre cuatro paredes, cuando el Gobierno está haciendo las maletas para irse, transfiera esta riqueza, que es de todos los chilenos», añadió Soto.
«El litio no se vende, se defiende, y lo vamos a seguir haciendo a través de acciones administrativas, judiciales y todo lo que esté a nuestro alcance», agregó por su parte Gabriela Cicardini, otra de las firmantes.
El Ministerio de Minería adjudicó dos contratos de 80.000 toneladas de litio cada uno a la empresa china BYD, una de las mayores firmas de vehículos eléctricos, y a la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte, por valor de 61 y 60 millones de dólares, respectivamente.
Ambas compañías tendrán un plazo de 7 años para hacer la exploración geológica y desarrollar el proyecto minero, prorrogable por otros dos años, y luego 20 años para la producción.
La licitación generó una ola de críticas de parte de la oposición y muchos activistas ambientales, que denuncian que la decisión del Gobierno fue apresurada y refleja el modelo extractivista que se implantó hace décadas en el país.
La adjudicación se anunció apenas horas antes de una sesión especial programada en el Congreso para analizar la conveniencia de esta licitación a la que iba a asistir el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet.
El presidente electo, el diputado de izquierda Gabriel Boric, afirmó que los contratos son «una mala noticia y recuerdan a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un Gobierno ya está dejando sus funciones».
El ex líder estudiantil aseguró que «revisará» con su equipo la licitación y mantiene la idea de crear una empresa nacional del litio «que actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de las salares y con el desarrollo productivo nacional».
La convocatoria inicial proponía licitar cinco cuotas de 80.000 toneladas, pero finalmente solo se adjudicaron dos, que representan el 1,8 % de las reservas nacionales de litio.
El consumo y el precio de este mineral, que muchos llaman «oro blanco», se ha disparado en los últimos años por la elaboración de baterías de teléfonos, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos.
